Usted compra un producto barato fabricado dentro de una cadena global que paga salarios insuficientes. No diseñó esa cadena, no conoce personalmente a quienes trabajan en ella y una sola compra difícilmente cambiará el sistema. ¿Tiene alguna responsabilidad por la injusticia?
La pregunta se repite frente al cambio climático, la desigualdad, el consumo, los impuestos, las plataformas digitales y las decisiones empresariales. Si toda responsabilidad se reduce a “cada quien debe portarse bien”, las estructuras desaparecen. Si todo se atribuye al sistema, las personas parecen quedar sin obligaciones. Esta ficha examina cómo conectar ambos niveles sin absolver ni culpabilizar indiscriminadamente.
Objetivo didáctico
Al terminar esta ficha serás capaz de evaluar y proponer respuestas ante problemas sociales distinguiendo responsabilidad personal, estructural, corporativa y colectiva, utilizando criterios de capacidad, conexión, poder, beneficio, impacto y justicia para decidir qué tipo de acción resulta moralmente justificable.
Introducción
Muchas teorías morales fueron diseñadas pensando en acciones relativamente identificables: alguien promete algo, daña a otra persona, miente, roba o incumple un deber. Los grandes problemas contemporáneos complican esa imagen. Una cadena de suministro puede explotar trabajo sin que exista un único actor que haya diseñado todas sus condiciones; millones de decisiones pequeñas pueden contribuir a emisiones climáticas; una institución puede reproducir desigualdad aunque cada integrante siga procedimientos aparentemente neutrales.
Esto no elimina la responsabilidad personal. La transforma. Una pregunta avanzada no es únicamente “¿qué hice yo?”, sino también “¿de qué procesos participo?, ¿qué beneficios recibo?, ¿qué poder tengo para cambiarlos?, ¿qué deberes especiales surgen de mi posición y con quién tendría que actuar?”. La responsabilidad puede mirar hacia atrás, buscando causantes de un daño, o hacia adelante, identificando quiénes poseen capacidad para reducirlo.
💡 Responsabilidad estructural
Se refiere a obligaciones relacionadas con procesos sociales e institucionales que producen resultados injustos mediante la interacción de muchas acciones ordinarias. No exige afirmar que toda persona sea igualmente culpable. Pregunta cómo conexión, poder, privilegio, interés y capacidad de organización distribuyen responsabilidades para transformar esas condiciones.
Esta distinción es crucial para evaluar empresas. Durante décadas, la responsabilidad social corporativa fue asociada con donaciones, voluntariado o proyectos comunitarios. Los marcos contemporáneos de conducta empresarial responsable desplazan parte del énfasis: antes de preguntar cuánto dona una empresa, hay que preguntar qué impactos genera, qué riesgos conoce, cómo los previene, qué ocurre en su cadena de valor y qué mecanismos existen para reparar daños.
El debate sobre ESG añade otra capa. Medir factores ambientales, sociales y de gobernanza puede producir información valiosa, pero una métrica financiera de sostenibilidad no responde automáticamente qué es justo. Finalmente, ningún cambio estructural depende exclusivamente de empresas o gobiernos: consumidores, trabajadores, comunidades, inversionistas, organizaciones civiles y ciudadanos pueden modificar reglas cuando convierten decisiones dispersas en acción colectiva.
Desarrollo del tema
Responsabilidad personal y estructural: de “¿quién tuvo la culpa?” a “¿quién puede cambiar esto?”
Iris Marion Young formuló en 2006 su modelo de conexión social para pensar injusticias producidas por procesos transnacionales y lo desarrolló posteriormente en Responsibility for Justice, publicado en 2011. Su punto de partida es que el modelo clásico de responsabilidad —identificar un autor, una conducta y un daño imputable— funciona bien para muchos casos, pero resulta insuficiente frente a estructuras donde numerosas personas actúan dentro de reglas normales que, combinadas, producen resultados sistemáticamente injustos.
Young no propone reemplazar la responsabilidad directa. Si una empresa falsifica información, un funcionario acepta un soborno o una persona discrimina deliberadamente, sigue siendo necesario identificar responsabilidades concretas. El modelo estructural entra cuando el daño no puede explicarse adecuadamente mediante un único culpable. Una trabajadora con salario precario, por ejemplo, puede depender de decisiones tomadas por empleadores, compradores internacionales, consumidores, gobiernos, inversionistas y mercados que interactúan sin controlar individualmente todo el resultado.
La responsabilidad estructural es principalmente prospectiva: pregunta qué debemos hacer para modificar procesos injustos. Eso evita un error cotidiano. Una persona puede decir: “yo no inventé este sistema”, lo cual puede ser causalmente cierto, pero todavía quedar conectada con él mediante consumo, inversión, autoridad profesional, voto o beneficio. La cuestión relevante pasa a ser cuánto poder posee y qué acciones coordinadas están razonablemente a su alcance.
Esta matriz no es una fórmula matemática de culpa. Sirve para impedir que todas las obligaciones se traten igual. Quien controla una empresa contaminante, quien compra ocasionalmente uno de sus productos y quien vive junto a la planta están conectados con el mismo proceso de modos radicalmente distintos. Una teoría plausible debe reconocer esas diferencias y, al mismo tiempo, explicar por qué los problemas estructurales requieren coordinación entre actores que individualmente no poseen control total.
Responsabilidad corporativa: de donar después a prevenir antes
Durante buena parte del siglo XX, la responsabilidad social empresarial fue presentada como una capa adicional sobre la actividad económica: primero producir beneficios dentro de la ley y después, si la empresa lo deseaba, contribuir a la comunidad. Los marcos contemporáneos desplazan esa secuencia. Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, respaldados por el Consejo de Derechos Humanos en 2011, establecen una responsabilidad empresarial de respetar derechos humanos que existe con independencia de que el Estado cumpla adecuadamente su propio deber de protección.
Respetar derechos no significa únicamente abstenerse de cometer abusos directos. Supone identificar impactos reales y potenciales, prevenirlos, mitigarlos y abordar aquellos con los que la empresa está involucrada. La edición 2023 de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales extiende esta lógica de conducta responsable hacia derechos humanos, empleo, ambiente, corrupción, consumidores, tecnología, competencia, tributación y cadenas de suministro.
La diferencia puede verse en una empresa de alimentos que financia becas en una comunidad mientras sus prácticas de compra presionan a pequeños productores hacia condiciones económicamente insostenibles. Las becas pueden producir beneficios reales. Pero la responsabilidad corporativa exige examinar también el modelo de negocio que genera poder y riesgo. Una buena acción paralela no neutraliza automáticamente un daño producido por la actividad principal.
Este enfoque vuelve importante la palabra impacto. Una empresa puede medir cuántas personas asistieron a un programa social y todavía no saber si mejoró su situación; puede reportar horas de voluntariado y omitir condiciones laborales de su propia cadena. Pasar de responsabilidad reputacional a responsabilidad sustantiva requiere medir resultados, escuchar a afectados y aceptar que algunas decisiones rentables deben modificarse si sus costos humanos o ambientales son injustificables.
ESG e impacto social: medir sostenibilidad no equivale a medir justicia
El acrónimo ESG —ambiental, social y gobernanza— ganó visibilidad institucional con el informe Who Cares Wins de 2004, impulsado en el entorno del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Su pregunta principal estaba vinculada con integrar factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en análisis e inversión. Por eso ESG nació muy conectado con información relevante para empresas, inversionistas y mercados, no como una teoría moral completa de justicia social.
Esa diferencia sigue siendo importante. IFRS S1 e IFRS S2 son efectivos para periodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2024. IFRS S1 busca divulgar riesgos y oportunidades de sostenibilidad que puedan afectar las perspectivas de la entidad; IFRS S2 se concentra en información climática. Este tipo de transparencia puede mejorar decisiones financieras, pero no responde por sí sola si una política salarial es justa, si una comunidad debería consentir un proyecto o si una desigualdad debe tolerarse.
Éticamente, esto obliga a preguntar qué mide la métrica y para quién. Una empresa puede tener baja exposición financiera a determinados riesgos ambientales y, sin embargo, producir impactos importantes sobre comunidades que no aparecen del mismo modo en una valoración orientada a inversionistas. También puede mejorar una puntuación mediante políticas bien documentadas sin transformar todavía sus resultados reales.
ESG, impacto social y responsabilidad empresarial deben entonces mantenerse relacionados pero diferenciados. ESG puede ordenar información; la evaluación de impacto intenta determinar cambios producidos en personas o ecosistemas; la debida diligencia busca prevenir y abordar efectos adversos; y la ética pregunta si la distribución de beneficios, riesgos, poder y voz es justificable. Confundir estas capas permite que una cifra funcione como sustituto de una deliberación que en realidad nunca ocurrió.
Filantropía y justicia sistémica: ayudar dentro de las reglas o cambiar las reglas
La filantropía puede financiar investigación, alimentos, becas, hospitales, cultura o atención ante desastres. Sería un error ético negar esos beneficios simplemente porque no transforman una estructura completa. El problema aparece cuando la generosidad voluntaria se presenta como sustituto de obligaciones de justicia. Rob Reich formuló una crítica sistemática en Just Giving, publicado en 2018: las grandes decisiones filantrópicas también distribuyen poder y requieren análisis democrático, no únicamente admiración por la intención del donante.
Imagine una empresa que dona computadoras a escuelas públicas mientras utiliza esquemas contractuales que trasladan riesgos a trabajadores sin seguridad suficiente. La donación y la práctica laboral deben evaluarse por separado. Una acción beneficiosa no compra automáticamente un “crédito moral” para compensar cualquier otra conducta. Esta idea es importante porque la filantropía es discrecional: quien dona suele decidir qué problema merece atención, cuánto tiempo apoyarlo y bajo qué condiciones.
La justicia sistémica mira precisamente esas reglas. Pregunta quién define los términos del mercado, cómo se financian bienes públicos, qué derechos poseen trabajadores y comunidades, qué costos quedan externalizados y quién puede participar en las decisiones. Eso no significa que toda transformación requiera al Estado. Cooperativas, sindicatos, asociaciones profesionales, organizaciones comunitarias, estándares privados y acuerdos sectoriales también pueden alterar estructuras.
En la vida ciudadana conviene evitar una falsa disyuntiva. Una persona puede donar hoy porque una necesidad es urgente y, al mismo tiempo, apoyar reformas para que esa necesidad no dependa mañana de donaciones. La pregunta avanzada no es “¿filantropía o justicia?”, sino qué función cumple cada intervención, qué problema resuelve, qué dependencia crea y qué capacidad deja instalada cuando el financiamiento termina.
Acción colectiva: cuando la responsabilidad necesita instituciones y coordinación
Los problemas estructurales suelen tener forma de dilema colectivo: todas las personas pueden beneficiarse si cooperan, pero cada participante puede tener incentivos para esperar que otros asuman el costo. Elinor Ostrom mostró en Governing the Commons de 1990 que comunidades reales habían creado instituciones capaces de gestionar recursos compartidos sin depender exclusivamente de privatización total o control central. En 2009 recibió el Premio Nobel de Ciencias Económicas por su análisis de la gobernanza económica, especialmente de los bienes comunes.
México ofrece una escala difícil de considerar marginal. Información institucional reciente señala que ejidos y comunidades concentran alrededor de 70.6 millones de hectáreas de superficie forestal, equivalentes al 50.9% de la superficie forestal nacional, distribuidas en 16,953 núcleos agrarios. La propiedad colectiva no garantiza por sí sola buena gobernanza, pero demuestra que coordinar responsabilidades compartidas no es una abstracción: forma parte de la arquitectura territorial del país.
Ostrom identificó condiciones que aparecían repetidamente en instituciones duraderas: límites suficientemente claros, reglas adaptadas al contexto, participación de usuarios en la elaboración de normas, monitoreo, sanciones graduadas, mecanismos accesibles para resolver conflictos y reconocimiento del derecho a organizarse. La lección ética es importante: pedir cooperación sin construir instituciones para hacerla posible puede terminar culpando individualmente a personas atrapadas en incentivos que premian la no cooperación.
La misma lógica se aplica más allá de recursos naturales. Una transición energética necesita consumidores, infraestructura, regulación, financiamiento y empresas; mejorar condiciones laborales puede requerir decisiones de compra, organización de trabajadores y reglas sectoriales; reducir discriminación implica conductas personales, pero también mecanismos de contratación, información, reclamación y supervisión. La acción colectiva conecta la ética de las intenciones con la arquitectura de resultados.
Conclusión
La responsabilidad social individual y colectiva no puede resolverse escogiendo entre “todo depende de cada persona” y “todo depende del sistema”. Las acciones individuales ocurren dentro de estructuras, pero esas estructuras existen y cambian mediante acciones organizadas. El modelo de conexión social permite reconocer obligaciones sin convertir a todas las personas en culpables por igual: importan la participación, el poder, el beneficio, el privilegio y la capacidad de actuar con otros.
En el ámbito empresarial, esta lógica desplaza la atención desde la buena voluntad hacia los impactos. Cumplimiento legal, debida diligencia, prevención, reparación y uso responsable de la influencia permiten evaluar mejor una compañía que la simple suma de donaciones. ESG puede aportar datos y disciplina de reporte, pero no sustituye el juicio sobre justicia. Del mismo modo, la filantropía puede aliviar necesidades urgentes sin modificar las reglas que las producen.
La responsabilidad madura pregunta entonces qué escala de respuesta corresponde al problema. Cambiar una conducta personal puede ser correcto; organizarse puede ser más eficaz; modificar una práctica empresarial puede ser indispensable; reformar una regla puede ser lo único capaz de cambiar la estructura. La ética no exige que cada persona resuelva sola problemas que nadie puede resolver solo. Sí exige preguntarse qué parte razonable de una transformación le corresponde asumir.
🔭 Para seguir aprendiendo
Esta ficha abre más preguntas de las que cierra. Aquí algunas para explorar:
- ¿Cuándo una persona con poca responsabilidad causal adquiere una responsabilidad grande por poseer mucho poder para intervenir?
- ¿Puede una empresa ser socialmente responsable si su modelo de negocio depende de desigualdades que sus programas ESG solo administran?
- ¿Qué problemas de América Latina requieren hoy menos exhortación individual y mejores instituciones para coordinar acción colectiva?
Actividad de aprendizaje autónoma
Mapa multiescalar de responsabilidad sobre un problema real
Elija un problema observable en México o América Latina: escasez de agua, residuos, precariedad laboral, contaminación, discriminación, movilidad urbana, brecha digital, deforestación, acceso a alimentos, vivienda o algún problema comparable. Elaborará un mapa argumentado de responsabilidad de 1,000 a 1,300 palabras que conecte decisiones individuales, organizaciones e instituciones.
- Defina el problema y describa un resultado injusto concreto que pueda observarse o documentarse.
- Separe responsables directos de actores conectados estructuralmente. No atribuya idéntico grado de responsabilidad a todos.
- Identifique al menos cinco actores: personas, empresas, autoridades, organizaciones comunitarias, inversionistas, consumidores, asociaciones u otros relevantes.
- Para cada actor evalúe conexión, capacidad de influencia, beneficio recibido, vulnerabilidad y posibilidad real de actuar.
- Distinga una acción individual inmediata de una intervención que modifique reglas, incentivos o instituciones.
- Si existe participación empresarial, separe filantropía, ESG, debida diligencia, impacto y reparación.
- Diseñe una acción colectiva con reglas mínimas de participación, información, monitoreo y revisión.
- Explique quién debería asumir el mayor costo de la intervención y por qué.
- Cierre identificando una responsabilidad propia razonable sin atribuirse ni negar una capacidad que realmente no posee.
Evidencia de logro: el trabajo alcanza el nivel avanzado si distingue culpa de responsabilidad prospectiva; distribuye obligaciones de forma diferenciada; identifica impactos empresariales más allá de filantropía; no utiliza ESG como sinónimo de justicia; propone al menos una intervención estructural; diseña una forma concreta de coordinación colectiva; y reconoce qué parte del problema queda fuera de la capacidad razonable de un individuo aislado.
Reflexión final: ¿qué cambia en su propia conducta cuando deja de preguntarse únicamente “¿soy culpable de este problema?” y empieza a preguntarse “¿qué poder real tengo, con quién podría coordinarme y qué transformación sería proporcional a mi posición?”?
Referencias
Berg, F., Kölbel, J. F., & Rigobon, R. (2022). Aggregate confusion: The divergence of ESG ratings. Review of Finance, 26(6), 1315–1344. https://doi.org/10.1093/rof/rfac033
Comisión Nacional Forestal. (2025). Programa Institucional de la Comisión Nacional Forestal 2025–2030. Gobierno de México.
IFRS Foundation. (2023). IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information. International Sustainability Standards Board.
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OECD. (2023). OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/81f92357-en
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2011). Guiding principles on business and human rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” framework. United Nations.
Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.
Reich, R. (2018). Just giving: Why philanthropy is failing democracy and how it can do better. Princeton University Press.
United Nations Global Compact. (2004). Who cares wins: Connecting financial markets to a changing world.
Young, I. M. (2011). Responsibility for justice. Oxford University Press.