La Constitución mexicana no describe la economía como una elección entre “Estado” o “mercado”: establece que en el desarrollo económico concurren los sectores público, social y privado.
Esa idea rompe una falsa disyuntiva frecuente. En la vida real, una carretera puede ser propiedad pública y estar operada por una empresa; un hospital puede financiarse con recursos públicos y comprar servicios privados; una cooperativa puede producir para el mercado sin pertenecer ni al gobierno ni a una corporación tradicional. En esta ficha aprenderás a analizar quién financia, quién produce, quién regula, quién se beneficia y quién asume los riesgos.
Objetivo didáctico
Al terminar esta ficha serás capaz de analizar cómo Estado, mercado y sociedad civil pueden distribuir responsabilidades para resolver problemas colectivos, identificando fallas de mercado, características de los bienes públicos, opciones de privatización y funciones del Estado de bienestar.
Introducción
¿Quién debería proporcionar agua, carreteras, hospitales, internet, transporte, educación o pensiones? Parece una pregunta sencilla hasta que intentamos responderla. En algunos casos el Estado produce directamente el servicio; en otros paga para que alguien más lo produzca; en otros establece reglas y deja operar a empresas; y también existen cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones comunitarias que cubren necesidades colectivas.
Las sociedades modernas funcionan mediante combinaciones. Incluso una compra completamente privada depende de instituciones públicas: moneda, contratos, tribunales, normas sanitarias, infraestructura y reglas de competencia. De manera inversa, un programa público puede contratar medicamentos, construir infraestructura con empresas o trabajar junto con organizaciones comunitarias.
💡 Economía mixta
Es un arreglo en el que decisiones económicas y sociales se distribuyen entre instituciones públicas, actores privados y organizaciones sociales. La pregunta central no es si existe Estado o mercado, sino qué función realiza cada actor, bajo qué reglas y con qué resultados.
Esta forma de pensar es especialmente útil en política porque evita dos atajos. El primero sostiene que, si existe una falla del mercado, cualquier intervención estatal será mejor. El segundo supone que, si una institución pública funciona mal, privatizar automáticamente resolverá el problema. Ambos saltan una pregunta indispensable: ¿qué diseño institucional corrige el problema sin crear uno mayor?
A lo largo de la ficha aplicaremos esa pregunta a cinco temas: funciones del Estado, fallas del mercado, sociedad civil y organizaciones sin fines de lucro, privatización y bienes públicos, y Estado de bienestar.
Desarrollo del tema
Funciones del Estado: no solamente gastar y cobrar impuestos
El Estado crea parte de la infraestructura institucional que permite funcionar a una economía: reconoce derechos, establece reglas, recauda impuestos, administra justicia, protege contratos y regula actividades. También produce o financia determinados servicios, corrige problemas de competencia, redistribuye recursos y construye sistemas de protección frente a riesgos como enfermedad, discapacidad o vejez.
La Constitución mexicana de 1917, en su artículo 25 vigente, atribuye al Estado la rectoría del desarrollo nacional y establece que al desarrollo económico concurren los sectores público, social y privado. Esto es importante porque el propio marco constitucional contempla una economía con varios tipos de actores, no un sistema donde uno necesariamente sustituye a todos los demás.
Las fronteras entre estas esferas son porosas. Una escuela privada opera en un mercado pero está sujeta a reglas públicas; una cooperativa vende productos y al mismo tiempo pertenece al sector social; una organización ciudadana puede recibir recursos públicos sin convertirse por ello en una dependencia gubernamental.
En la vida cotidiana puedes observar esta mezcla en algo tan común como la recolección de residuos. El municipio puede prestar el servicio directamente, contratar una empresa, regular a concesionarios o colaborar con cooperativas de recicladores. La pregunta política no termina en “¿público o privado?”: hay que comparar costos, cobertura, calidad, transparencia y mecanismos de control.
Fallas del mercado: cuando el precio no cuenta toda la historia
Un mercado funciona mediante intercambios voluntarios, pero eso no significa que todo resultado de mercado sea socialmente eficiente. Los economistas hablan de fallas del mercado cuando ciertas características impiden que las decisiones individuales y los precios conduzcan por sí solos a una asignación eficiente de recursos.
Una falla clásica son las externalidades. Una fábrica puede producir un bien que compran voluntariamente sus clientes y, al mismo tiempo, contaminar el aire de personas que no participaron en esa transacción. Ese daño queda fuera del precio si nadie obliga a incorporarlo. En 1920, el economista Arthur Pigou propuso gravar actividades contaminantes de acuerdo con el daño externo que ocasionaban. La propuesta ayudó a construir una de las bases modernas de los impuestos ambientales.
Existen otras fallas. Los bienes públicos pueden ofrecerse en cantidades insuficientes porque resulta difícil excluir a quien no paga. El poder de mercado puede permitir a un monopolio restringir competencia. Y la información asimétrica aparece cuando una parte conoce mucho más que la otra: por ejemplo, el vendedor de un automóvil usado conoce defectos que el comprador no puede observar fácilmente.
Piensa en la contaminación del aire de una ciudad. Una opción es prohibir determinadas emisiones; otra, establecer estándares; otra, cobrar por contaminar; otra, subsidiar tecnologías limpias. Todas buscan modificar el mismo problema, pero distribuyen costos e incentivos de manera diferente. Analizar política pública implica comparar esas consecuencias.
Sector social y organizaciones civiles: producir valor sin repartir utilidades como objetivo central
Entre gobierno y empresas lucrativas existe un universo diverso: cooperativas, asociaciones civiles, organizaciones comunitarias, fundaciones, instituciones filantrópicas, colectivos y otras formas de organización. Conviene evitar una equivalencia automática: el sector social de la economía reconocido por la Constitución mexicana y el conjunto de organizaciones de la sociedad civil o instituciones sin fines de lucro se superponen en algunos casos, pero no son exactamente la misma categoría jurídica o estadística.
Esta esfera tiene una presencia económica concreta. Según el INEGI, en 2024 las instituciones sin fines de lucro y el valor económico del trabajo voluntario generaron 1.046 billones de pesos, equivalentes al 3.3 % del PIB mexicano. Además, el sector representó aproximadamente 3.3 millones de puestos de trabajo, incluyendo trabajo remunerado y voluntario.
Su importancia no se reduce al tamaño económico. Algunas organizaciones cubren necesidades que reciben poca atención comercial, otras representan grupos ante el gobierno, producen investigación, defienden derechos o experimentan con modelos comunitarios. También enfrentan límites: financiamiento inestable, capacidades administrativas desiguales, posible dependencia de donantes y problemas de representación.
En tu entorno puedes encontrar esta diversidad en una cooperativa de productores, un banco de alimentos, una organización que asesora a víctimas, una asociación vecinal o un colectivo ambiental. Para saber qué papel desempeña no basta con llamarlo “ONG”: pregunta qué problema atiende, cómo se financia, quién gobierna la organización y ante quién rinde cuentas.
Privatización y bienes públicos: propiedad, operación y acceso son preguntas distintas
Privatizar significa transferir propiedad o control de una actividad o empresa pública a actores privados, pero el debate cotidiano utiliza la palabra para situaciones muy diferentes. Un gobierno también puede conservar la propiedad y concesionar la operación, contratar una empresa para ejecutar una tarea o permitir competencia privada dentro de un sector regulado. Estos arreglos no producen necesariamente los mismos resultados.
México ofrece un caso histórico útil. Telmex había sido nacionalizada en 1972 y fue parcialmente privatizada en 1990 mediante la venta de una participación de control. La privatización no produjo competencia inmediata: la concesión mantuvo un monopolio en larga distancia e internacional hasta 1997. El episodio ilustra por qué cambiar al propietario de una empresa y crear un mercado competitivo son procesos distintos.
También es importante distinguir bien público de servicio público. En economía, un bien público puro presenta dos propiedades: es difícil excluir de su uso a quien no paga y el consumo de una persona no reduce significativamente lo disponible para otra. La defensa nacional es el ejemplo clásico. El alumbrado de una calle se aproxima a esas características.
Si una empresa privada opera una red de agua potable, ¿deja por eso el acceso al agua de ser una responsabilidad pública?
El agua entubada ayuda a ver la diferencia. Puede considerarse un servicio de interés público y estar sujeto a obligaciones de acceso, calidad y continuidad, pero una conexión domiciliaria puede medirse, cobrarse y limitarse. No es un “bien público puro” en el sentido técnico. Esta distinción permite discutir con mayor precisión qué debe garantizar el Estado aunque no necesariamente produzca directamente cada litro, kilowatt o viaje.
Cuando evalúes una privatización, concesión o contratación, separa al menos cuatro preguntas: ¿quién es dueño?, ¿quién financia?, ¿quién opera? y ¿quién regula? Después agrega una quinta: ¿qué ocurre con las personas a quienes no resulta rentable atender? Allí suele aparecer la diferencia entre eficiencia comercial y obligación pública.
Estado de bienestar: repartir riesgos a lo largo de la vida
El Estado de bienestar no significa que el gobierno produzca todo. Describe un conjunto de instituciones mediante las cuales una sociedad intenta proteger a las personas frente a determinados riesgos y asegurar ciertos niveles de acceso a servicios y recursos. Puede incluir salud, pensiones, apoyos familiares, seguros sociales, educación, transferencias monetarias y otras políticas, según el país.
En México, una pieza histórica central es el Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS fue creado el 19 de enero de 1943 y nació con una estructura tripartita integrada por representantes del gobierno, trabajadores y empleadores. El propio diseño muestra que la protección social puede organizarse mediante responsabilidades compartidas entre varios sectores.
Comparar Estados de bienestar exige mirar más que cuánto se gasta. Dos países pueden gastar porcentajes semejantes y obtener coberturas distintas si cambian los precios de los servicios, la edad de la población, la administración, el sistema tributario o la manera en que se distribuyen los beneficios. También importa si el acceso depende del empleo formal, de la ciudadanía, del nivel de ingreso u otros criterios.
En tu vida, el Estado de bienestar aparece cuando una enfermedad, una jubilación, una discapacidad o el nacimiento de un hijo dejan de tratarse únicamente como riesgos privados de una familia y pasan a compartirse mediante seguros, impuestos, servicios y transferencias. La discusión política consiste en decidir qué riesgos se comparten, quién contribuye, quién recibe y mediante qué instituciones.
Conclusión
Estado, mercado y sociedad civil no son equipos rivales que deban ganar una competencia. Son formas distintas de coordinar recursos y decisiones. El mercado utiliza precios e incentivos; el Estado dispone de autoridad pública, impuestos y regulación; la sociedad civil puede organizar cooperación voluntaria, representación y vigilancia. Cada esfera tiene capacidades que las otras difícilmente reproducen por completo.
También cada una puede fallar. Los mercados pueden generar externalidades, monopolios o provisión insuficiente de bienes públicos. Las instituciones estatales pueden administrar mal, ser capturadas por intereses o diseñar reglas ineficaces. Las organizaciones sociales pueden carecer de recursos, transparencia o representatividad. Por eso el análisis serio compara problemas institucionales concretos en vez de confiar en etiquetas.
La privatización tampoco responde por sí sola si un servicio mejorará. Cambiar la propiedad no equivale a crear competencia, ni contratar a una empresa elimina la responsabilidad pública de regular. Del mismo modo, un Estado de bienestar no necesita producir directamente cada servicio que financia. Lo decisivo es observar incentivos, cobertura, calidad, responsabilidad y capacidad de corregir errores.
🔭 Para seguir aprendiendo
- ¿Cómo debería cambiar la responsabilidad del Estado cuando una empresa privada presta un servicio indispensable y no existe competencia real?
- ¿Qué nuevas formas de cooperativas u organizaciones sociales podrían surgir con plataformas digitales, trabajo remoto e inteligencia artificial?
- ¿Qué riesgos de la vida deberían financiarse colectivamente y cuáles deberían permanecer principalmente bajo responsabilidad individual?
Actividad de aprendizaje autónoma
Producto final: radiografía institucional de un servicio de tu comunidad.
Elige un servicio que utilices o puedas observar directamente: agua potable, transporte, recolección de residuos, salud, cuidado infantil, internet, alumbrado, carreteras u otro. Construirás una radiografía de una página para explicar cómo se reparten actualmente las responsabilidades y qué cambio institucional propondrías.
- Describe el servicio y el problema concreto que quieres analizar. Evita planteamientos generales como “el transporte es malo”: incluye al menos dos datos u observaciones verificables.
- Identifica quién es propietario de la infraestructura principal y quién opera el servicio.
- Explica quién lo financia: impuestos, tarifas, cuotas, subsidios, donaciones, inversión privada o una combinación.
- Identifica qué autoridad establece reglas, precios, estándares de calidad o mecanismos de supervisión.
- Busca una posible falla de mercado: externalidad, poder de mercado, información asimétrica, dificultad para excluir usuarios u otra.
- Busca también una posible falla pública o de implementación. No supongas que existe: señala evidencia concreta.
- Investiga si alguna cooperativa, asociación civil, organización comunitaria o grupo ciudadano participa o podría participar de manera realista.
- Diseña dos alternativas institucionales y compara cómo cambiarían propiedad, financiamiento, operación y regulación.
- Elige una alternativa y justifícala en 200 a 250 palabras con criterios de acceso, calidad, costo, equidad y rendición de cuentas.
Evidencia de logro: tu radiografía demuestra la competencia si separa propiedad, financiamiento, operación y regulación; identifica al menos una posible falla de mercado y una posible falla de implementación; explica un papel realista para la sociedad civil; y compara alternativas antes de recomendar una.
Reflexión final: después de analizar el servicio, ¿sigues pensando que la mejor pregunta es “Estado o mercado”, o necesitas una pregunta más precisa para explicar quién debería hacer qué?
Referencias principales
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 25.
Helbling, T. (2010). Externalities: Prices do not capture all costs. Finance & Development. International Monetary Fund.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro de México 2024.
Instituto Mexicano del Seguro Social. (2026). Conoce al IMSS.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2012). OECD Review of Telecommunication Policy and Regulation in Mexico. OECD Publishing.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). Social Expenditure Database (SOCX): Social expenditure aggregates.