Un bosque puede pertenecer a una comunidad, una enciclopedia puede construirse sin propietario central y una ciudad puede necesitar agua que nadie debería agotar. Pero si algo es “de todos”, ¿quién tiene derecho a usarlo, quién debe cuidarlo y quién decide sus reglas?
El bien común no significa que todo deba ser estatal ni que compartir elimine el conflicto. Tampoco exige negar al mercado. El problema del siglo XXI consiste en descubrir qué instituciones permiten coordinar autonomía, cooperación, límites ecológicos, innovación y justicia cuando aquello que sostiene una vida digna no cabe completamente dentro de la propiedad privada. Esta ficha no dará UNA respuesta. Dará herramientas para construir y defender la propia.
Objetivo didáctico
Al terminar esta ficha serás capaz de evaluar y diseñar formas de gobernanza orientadas al bien común cuando comunidades, gobiernos, mercados y redes digitales deban administrar recursos compartidos, responder solidariamente a crisis o imaginar instituciones alternativas para problemas colectivos.
Introducción
Hablar del bien común parece sencillo hasta que hay que convertirlo en reglas. Todas las personas pueden decir que desean aire limpio, seguridad, información confiable, agua suficiente y comunidades habitables. El desacuerdo aparece cuando se pregunta quién paga, quién decide, quién puede excluir a otros, cuánto consumo es aceptable y qué sucede cuando el interés individual de corto plazo deteriora aquello de lo que todos dependen.
Durante mucho tiempo, algunas discusiones económicas presentaron una disyuntiva dominante: los recursos problemáticos debían convertirse en propiedad privada o quedar bajo control estatal. El trabajo de Elinor Ostrom mostró que esa imagen omitía una tercera familia institucional: comunidades capaces de crear reglas, vigilar su cumplimiento, resolver conflictos y adaptar el uso de un recurso a condiciones locales (Ostrom, 1990).
🔷 Marco conceptual: bien común y bienes comunes
El bien común es una idea normativa: pregunta qué condiciones, instituciones y bienes permiten que las personas puedan vivir conjuntamente de manera digna y justa. Un bien común o commons, en cambio, describe un arreglo institucional donde una comunidad gobierna conjuntamente un recurso siguiendo reglas de acceso, uso, mantenimiento y responsabilidad. No todo bien común es un recurso común y no todo recurso común está bien gobernado (Ostrom, 1990; Hess & Ostrom, 2007).
En el siglo XXI esta discusión se expandió. El conocimiento digital puede copiarse sin agotarse físicamente; los ecosistemas atraviesan fronteras administrativas; las pandemias convierten la salud individual en interdependencia; y las plataformas tecnológicas crean infraestructuras privadas sobre las que ocurre buena parte de la vida pública. La pregunta ya no es únicamente quién posee un terreno, sino qué arquitectura de derechos y responsabilidades debe gobernar sistemas de los que depende una sociedad.
Los cinco núcleos que siguen recorrerán ese problema desde distintos ángulos: los hallazgos de Ostrom sobre bienes comunes; la aparición de comunes digitales; la relación entre mercado, Estado y cooperación; la solidaridad durante crisis; y las utopías entendidas no como fantasías perfectas, sino como instrumentos para explorar instituciones que todavía no existen plenamente.
Desarrollo del tema
Ostrom: un bien común necesita reglas, no solo buena voluntad
Garrett Hardin popularizó en 1968 la expresión “tragedia de los comunes” mediante el ejemplo de un pastizal abierto donde cada ganadero obtiene un beneficio individual al añadir animales mientras distribuye el costo del deterioro entre todos. La metáfora resultó enormemente influyente porque mostraba un dilema real: cuando nadie puede excluir fácilmente a usuarios y el consumo de uno reduce lo disponible para otros, existen incentivos para sobreutilizar el recurso (Hardin, 1968).
Elinor Ostrom cuestionó la conclusión institucional que frecuentemente se extrajo de esa historia. Mediante investigaciones sobre bosques, sistemas de riego, pesquerías, pastizales y otros recursos, mostró que las comunidades no siempre permanecen atrapadas en la tragedia. Pueden construir reglas sobre quién participa, cuánto puede extraerse, cómo se vigila el cumplimiento y qué ocurre cuando alguien rompe los acuerdos (Ostrom, 1990).
💫 En México, ejidos y comunidades concentran 70.6 millones de hectáreas de superficie forestal: 50.9% del total nacional.
El Programa Institucional de CONAFOR 2025–2030 registra 16,953 núcleos agrarios con esa superficie forestal de propiedad social (CONAFOR, 2025).
Ostrom identificó patrones recurrentes en sistemas duraderos: límites suficientemente claros; reglas ajustadas a condiciones locales; participación de usuarios en su modificación; monitoreo; sanciones graduadas; mecanismos de resolución de conflictos; reconocimiento del derecho a autoorganizarse y, para sistemas grandes, niveles de gobernanza anidados. No son una receta para copiar mecánicamente, sino variables para diagnosticar por qué algunos arreglos colectivos sobreviven y otros fracasan.
En 2009, Ostrom recibió el Premio de Economía en memoria de Alfred Nobel “por su análisis de la gobernanza económica, especialmente de los comunes”. La historia detrás de ese reconocimiento importa: décadas de trabajo de campo habían desplazado una discusión que parecía resolverse desde modelos abstractos hacia preguntas empíricas sobre instituciones reales. El resultado no fue “los comunes siempre funcionan”, sino algo más exigente: preguntar bajo qué reglas funcionan.
Comunes digitales: compartir conocimiento no funciona como repartir agua
Los recursos digitales obligaron a revisar algunas intuiciones sobre escasez. Si una persona descarga una copia de un texto, un programa o una base de conocimiento, la copia original no desaparece. Esa propiedad distingue muchos bienes informacionales de un acuífero, una pesquería o un bosque. El uso adicional puede tener un costo marginal muy bajo, aunque producir, mantener, verificar y alojar el conocimiento siga requiriendo trabajo, infraestructura y reglas.
Yochai Benkler utilizó el concepto de producción entre pares basada en comunes para describir formas de cooperación en las que grandes grupos producen información sin organizar todo el proceso mediante jerarquía empresarial o intercambio de mercado convencional. En The Wealth of Networks, publicado en 2006, analizó proyectos de software libre y conocimiento colaborativo como ejemplos de esta capacidad (Benkler, 2006).
Un recurso puede ser técnicamente fácil de copiar y, aun así, estar gobernado mediante licencias restrictivas, plataformas cerradas o infraestructura controlada por una sola organización. Un común digital existe porque hay reglas que permiten acceso, contribución y preservación compartida, no simplemente porque algo esté conectado a Internet.
Wikipedia, lanzada en 2001, permite visualizar esta diferencia. Millones de artículos pueden consultarse sin que un lector “gaste” la versión disponible para otros. Sin embargo, el proyecto necesita normas editoriales, historial de cambios, administradores, discusión, licencias y mecanismos para revertir vandalismo. La abundancia de copias no elimina el problema de gobernanza; simplemente cambia qué debe gobernarse: calidad, acceso, autoridad, mantenimiento y confianza.
Hess y Ostrom publicaron en 2007 Understanding Knowledge as a Commons, extendiendo el vocabulario institucional hacia información y conocimiento. En la vida cotidiana, esta discusión aparece en software de código abierto, repositorios científicos, recursos educativos abiertos y datos públicos. El dilema no es únicamente “gratis o de pago”: importa quién puede reutilizar, modificar, verificar y sostener el recurso cuando quienes lo crearon originalmente ya no están.
Bien común y mercado: tres lógicas que pueden competir o complementarse
El mercado posee capacidades que una teoría del bien común no necesita negar. Los precios transmiten información sobre escasez, los intercambios permiten coordinación descentralizada y la competencia puede generar innovación. El problema aparece cuando se supone que toda relación social puede traducirse adecuadamente a precio. Debra Satz mostró en 2010 que algunos mercados son moralmente problemáticos no por ser mercados en abstracto, sino por sus efectos sobre vulnerabilidad, igualdad política y agencia (Satz, 2010).
El Estado también resuelve problemas que comunidades locales difícilmente pueden abordar por sí solas: redistribución entre territorios, regulación de contaminación transfronteriza, infraestructura nacional o garantía de derechos frente a poderes locales. Y los comunes aportan conocimiento situado, participación y mecanismos de responsabilidad entre usuarios. La pregunta seria no es cuál institución “gana”, sino qué combinación corresponde a las propiedades del problema.
El reconocimiento conjunto a Ostrom y Oliver Williamson en el Premio de Economía de 2009 simboliza esta ampliación del análisis económico. Williamson investigó los límites de la empresa; Ostrom, la gobernanza de recursos comunes. La cooperación económica ocurre mediante mercados, firmas, asociaciones, hogares, agencias y comunidades. Elegir una institución es decidir qué conflictos se resolverán dentro de cada arquitectura.
Imagine la movilidad de una ciudad mexicana. Empresas privadas pueden operar servicios; el Estado puede regular tarifas, derechos y cobertura; comunidades pueden organizar transporte local o vigilar rutas; datos abiertos pueden permitir a terceros crear herramientas. El bien común no exige borrar esas formas de coordinación. Exige preguntar si la combinación garantiza acceso, seguridad, sostenibilidad y capacidad ciudadana para cuestionar decisiones que afectan la vida colectiva.
Solidaridad en tiempos de crisis: ayudar hoy y construir capacidad para mañana
Las crisis revelan interdependencias que en periodos ordinarios pueden permanecer invisibles. Después del sismo mexicano del 19 de septiembre de 2017, vecinos, universidades, rescatistas, organizaciones y autoridades coordinaron centros de acopio, información, transporte y búsqueda. La solidaridad espontánea permitió movilizar conocimientos y recursos con una velocidad que ninguna estructura aislada podía reproducir.
La pandemia de COVID-19 llevó esa tensión a otra escala. En 2020, CEPAL describió para América Latina una crisis simultáneamente sanitaria, económica y social, y defendió combinar respuestas de emergencia con protección social universal y fortalecimiento institucional. La solidaridad interpersonal fue indispensable, pero quedarse únicamente en ella habría convertido derechos básicos en algo dependiente de la disponibilidad voluntaria de vecinos o donantes.
La simulación muestra que solidaridad y justicia institucional no son sustitutos perfectos. Una despensa entregada durante una emergencia puede salvar una situación inmediata; un sistema de protección social intenta que la posibilidad de comer no dependa siempre de que alguien decida donar. La primera responde a urgencia y proximidad; el segundo convierte determinadas necesidades en obligaciones previsibles y financiadas colectivamente.
También existe un riesgo inverso: burocratizar toda solidaridad hasta eliminar iniciativa cívica. Redes locales suelen detectar necesidades que una administración central desconoce, mientras las instituciones públicas pueden garantizar escala, continuidad y derechos. La capacidad de una sociedad para enfrentar crisis depende, en parte, de conectar ambos planos antes de que llegue la siguiente emergencia.
Utopías y futuros posibles: imaginar instituciones sin confundirlas con paraísos
“Utopía” suele utilizarse para descartar una propuesta como irreal. Sin embargo, dentro de la teoría social existe otra tradición: utilizar futuros posibles para revelar que instituciones aparentemente naturales también fueron construidas históricamente. Erik Olin Wright publicó Envisioning Real Utopias en 2010 para estudiar alternativas que combinaran ideales emancipatorios con experimentos institucionales observables (Wright, 2010).
Ruth Levitas desarrolló en 2013 la idea de la utopía como método. Imaginar otra organización social no requiere predecir el futuro ni diseñar una sociedad perfecta. Puede servir para preguntar qué instituciones necesitamos, qué tipo de personas producen esas instituciones y qué consecuencias deseadas e indeseadas podrían aparecer. Una utopía rigurosa funciona más como prototipo que como plano definitivo.
Una propuesta futura se vuelve políticamente interesante cuando acepta fricciones. Decir “todos cooperarán” no diseña una institución. Hay que especificar quién decide, cómo se financia, qué ocurre con quien disiente, cómo se distribuye trabajo ingrato, qué incentivos existen y quién puede modificar las reglas. Las mejores utopías son incómodas porque obligan a imaginar también sus propios problemas.
El bien común del siglo XXI puede entenderse entonces como una práctica de experimentación institucional. Cooperativas, ciencia abierta, presupuestos participativos, comunidades forestales, infraestructuras públicas digitales o nuevos sistemas de cuidados no demuestran que una única sociedad futura sea inevitable. Funcionan como laboratorios donde puede examinarse qué partes de una alternativa sobreviven cuando se encuentran con poder, conflicto, recursos limitados y personas reales.
Conclusión
Para alcanzar el objetivo de evaluar y diseñar formas de gobernanza orientadas al bien común es necesario abandonar una pregunta demasiado simple: “¿público, privado o comunitario?”. Ostrom mostró que los resultados dependen de reglas concretas, capacidades de monitoreo y participación. Los comunes digitales demuestran que no todos los recursos comparten la misma estructura de escasez. Mercado, Estado y comunidades ofrecen mecanismos diferentes y pueden formar sistemas híbridos.
Las crisis muestran además que cooperación espontánea e instituciones de justicia cumplen funciones distintas. Una red solidaria puede responder allí donde una burocracia tarda; una garantía pública puede impedir que necesidades fundamentales dependan siempre de altruismo eventual. El bien común requiere conectar ambos niveles: relaciones de reciprocidad que produzcan capacidad colectiva e instituciones que hagan esa capacidad sostenible, exigible y revisable.
Finalmente, imaginar futuros posibles es una competencia ética porque lo existente no agota lo posible. La tarea no consiste en dibujar sociedades sin conflicto, sino en construir alternativas suficientemente concretas para que puedan ser criticadas. Una institución orientada al bien común no es aquella que promete armonía, sino la que permite cooperar, disentir, corregir errores y proteger aquello de lo que todos dependen sin convertir “todos” en una palabra que borre las desigualdades reales.
🔭 Para seguir aprendiendo
Esta ficha abre más preguntas de las que cierra. Aquí algunas para explorar:
- ¿Qué recursos digitales deberían considerarse infraestructura común indispensable para una democracia y cuáles pueden quedar legítimamente bajo control privado?
- ¿Cómo cambia la teoría de los comunes cuando quienes reciben los costos de nuestras decisiones todavía no han nacido?
- ¿Qué institución de su propia comunidad funciona ya como un común aunque las personas que participan en ella nunca utilicen esa palabra?
Actividad de aprendizaje autónoma
Constitución mínima para gobernar un bien común
Elija un recurso compartido real o plausible de México o América Latina: agua de una colonia, bosque comunitario, huerto urbano, repositorio educativo, base de datos abierta, biblioteca digital, espacio público, infraestructura vecinal, red comunitaria de Internet o sistema local de cuidados. Elaborará una Constitución mínima del común de 1,000 a 1,300 palabras que pueda someterse a crítica por sus futuros usuarios.
- Defina exactamente qué recurso desea gobernar y explique si su uso por una persona reduce o no lo disponible para otra.
- Identifique quién pertenece a la comunidad de usuarios y mediante qué criterio alguien puede entrar o salir.
- Formule reglas de acceso, uso y contribución. Evite expresiones vagas como “usar responsablemente”.
- Explique quién puede modificar las reglas y qué voces deberían estar representadas para evitar captura por una minoría.
- Diseñe un mecanismo de monitoreo compatible con privacidad, autonomía y proporcionalidad.
- Establezca una secuencia de respuestas frente al incumplimiento, incluyendo al menos una sanción graduada y una vía de solución de conflictos.
- Determine qué funciones conviene mantener dentro de la comunidad y cuáles requieren cooperación con mercado o autoridades públicas.
- Identifique un riesgo de exclusión: quién podría quedar fuera aunque formalmente las reglas parezcan iguales.
- Someta la propuesta a una prueba de crisis: explique qué ocurriría si la demanda del recurso aumentara 50% durante seis meses.
- Cierre con una cláusula de revisión que indique cuándo y cómo deberá modificarse la Constitución.
La Constitución alcanza el nivel avanzado si distingue el bien común como criterio normativo del común como forma de gobernanza; especifica propiedades del recurso; diseña límites y reglas verificables; incorpora monitoreo y solución de conflictos; justifica la combinación entre comunidad, mercado y Estado; identifica una desigualdad de poder posible; demuestra cómo respondería a una crisis; y conserva un mecanismo explícito para revisar reglas que dejen de funcionar.
Reflexión final: si su común funciona únicamente mientras todas las personas comparten los mismos valores y se comportan generosamente, ¿ha diseñado realmente una institución o solo ha imaginado una comunidad ideal?
Referencias
Benkler, Y. (2006). The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom. Yale University Press.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). El desafío social en tiempos del COVID-19. Naciones Unidas.
Comisión Nacional Forestal. (2025). Programa Institucional de la Comisión Nacional Forestal 2025–2030. Gobierno de México.
Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. Science, 162(3859), 1243–1248. https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243
Hess, C., & Ostrom, E. (Eds.). (2007). Understanding knowledge as a commons: From theory to practice. MIT Press.
Levitas, R. (2013). Utopia as method: The imaginary reconstitution of society. Palgrave Macmillan.
Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.
Satz, D. (2010). Why some things should not be for sale: The moral limits of markets. Oxford University Press.
Wright, E. O. (2010). Envisioning real utopias. Verso.