Conflictos internacionales: causas, dinámicas y resolución

Objetivo didáctico

Al terminar esta ficha serás capaz de sintetizar y evaluar diferentes explicaciones de los conflictos internacionales, distinguir jurídicamente los crímenes de atrocidad y analizar mecanismos de justicia transicional y construcción de paz para elaborar diagnósticos multicausales sin confundir explicación, responsabilidad jurídica y justificación política.

Introducción

La palabra guerra parece nombrar una sola cosa, pero bajo ella existen fenómenos muy diferentes. Hay guerras entre Estados, conflictos entre gobiernos y organizaciones armadas, guerras civiles internacionalizadas, violencia unilateral contra civiles y enfrentamientos entre grupos no estatales. Cada tipo puede combinar causas económicas, territoriales, estratégicas, ideológicas y políticas.

Esta complejidad explica por qué una noticia sobre un ataque no permite comprender por sí sola un conflicto. Para hacerlo se necesita reconstruir actores, objetivos, cambios de poder, instituciones, memorias, incentivos, alianzas y secuencias históricas. Una explicación rigurosa distingue además entre tres preguntas diferentes: ¿por qué comenzó?, ¿por qué continuó? y ¿por qué terminó o no pudo terminar?

La perspectiva contemporánea debe resistir también otra simplificación: tratar “lo internacional” como sinónimo de guerra entre dos países. Una guerra civil puede internacionalizarse mediante armas, financiamiento, fuerzas externas, refugiados o rivalidades regionales; un conflicto localizado puede afectar rutas comerciales mundiales; y decisiones de actores no estatales pueden generar respuestas militares de varios Estados.

Finalmente, estudiar conflictos implica un problema ético. Comprender por qué un actor recurrió a la violencia no equivale a justificarla. Analizar los incentivos de una organización armada, un gobierno o una potencia permite explicar conducta; determinar responsabilidad por violaciones del derecho internacional exige otro tipo de evidencia y procedimientos jurídicos.

Desarrollo del tema

Teorías de la guerra: del equilibrio de poder al fracaso de la negociación

Una familia de explicaciones comienza en la estructura internacional. Para el realismo, los Estados operan en un sistema sin una autoridad mundial capaz de garantizar completamente su seguridad. Esto puede generar el dilema de seguridad: una medida adoptada para protegerse —armarse, construir alianzas o desplegar fuerzas— puede parecer ofensiva al adversario, que responde aumentando su propia capacidad. Robert Jervis mostró en 1978 que incluso Estados interesados principalmente en su propia seguridad pueden terminar atrapados en espirales de competencia (Jervis, 1978).

Otra perspectiva pregunta por qué los actores no negocian. James Fearon sostuvo en 1995 que, dado que la guerra destruye parte de aquello que se disputa, debería existir normalmente algún acuerdo preferible al combate. La guerra puede surgir cuando una parte posee información privada y tiene incentivos para ocultarla o exagerarla, cuando no puede comprometerse de manera creíble a cumplir un acuerdo futuro o cuando determinados objetos son especialmente difíciles de dividir (Fearon, 1995).

Las explicaciones domésticas desplazan la mirada hacia regímenes, élites, organizaciones, economía política y coaliciones internas. Una política exterior que resulta costosa para la población puede producir beneficios de poder o supervivencia para dirigentes concretos. Las perspectivas constructivistas agregan que intereses y amenazas tampoco son completamente objetivos: identidades, narrativas históricas y categorías como “aliado” o “enemigo” contribuyen a definir aquello que los actores perciben como peligroso.

La matriz no pretende asignar cada guerra a una sola casilla. Su utilidad es exactamente la contraria: obliga a comprobar qué mecanismos actúan simultáneamente y en qué momento. Una crisis puede comenzar por un cambio estratégico, intensificarse mediante nacionalismo y prolongarse porque ningún actor confía en que el adversario cumplirá un acuerdo.

Conflictos contemporáneos en perspectiva: semejanzas visibles, mecanismos distintos

Los conflictos recientes muestran por qué las categorías importan. La invasión rusa a gran escala de Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022 constituye un caso de guerra interestatal, aunque la participación económica, diplomática y militar indirecta de numerosos países amplía su dimensión internacional. En Sudán, los combates iniciados el 15 de abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido surgieron dentro de una disputa por el poder estatal, pero sus consecuencias y apoyos externos han trascendido las fronteras.

La guerra desencadenada tras los ataques de Hamas en Israel del 7 de octubre de 2023 y las posteriores operaciones israelíes en Gaza se inserta, a su vez, en un conflicto israelí-palestino mucho más prolongado. Analizar únicamente octubre de 2023 borraría décadas de guerra, ocupación, seguridad, desplazamiento, proyectos nacionales, territorio y fallas de negociación. Pero remontarse al pasado tampoco permite explicar automáticamente cada decisión contemporánea.

La cifra modifica una intuición común: el final de la Guerra Fría no produjo una transición lineal hacia un mundo con cada vez menos conflictos. La mayoría de los enfrentamientos contemporáneos tampoco adopta la forma clásica de dos ejércitos nacionales aislados. Gobiernos, milicias, insurgencias, potencias externas, empresas militares, redes financieras y actores humanitarios pueden interactuar dentro de un mismo escenario.

El ejercicio muestra por qué los nombres son solo el primer paso. Identificar el tipo de conflicto ayuda a elegir evidencia relevante, pero no decide quién tiene razón, quién inició cada episodio histórico ni qué arreglo permitiría terminarlo. Para eso se necesita reconstruir la secuencia causal y distinguir hechos comprobados de interpretaciones en disputa.

Genocidio y responsabilidad de proteger: precisión jurídica frente a atrocidades masivas

El término genocidio posee un significado jurídico más específico que su uso cotidiano. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio fue adoptada por Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948. Su artículo II exige determinados actos —como matar, causar daños graves o imponer condiciones destinadas a producir destrucción física— acompañados de la intención específica de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal (Naciones Unidas, 1948).

Ese requisito de intención es decisivo. Una atrocidad con miles de víctimas civiles puede constituir un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad sin satisfacer necesariamente los elementos jurídicos del genocidio. Del mismo modo, “limpieza étnica” es una expresión ampliamente utilizada para describir la expulsión forzada de poblaciones, pero los actos concretos involucrados pueden ser perseguidos mediante categorías jurídicas como crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o genocidio cuando se cumplen sus elementos.

Las fallas internacionales ante el genocidio de Ruanda de 1994 y la matanza de Srebrenica de 1995 influyeron profundamente en el debate sobre protección de poblaciones. En la Cumbre Mundial de 2005, los Estados miembros de Naciones Unidas adoptaron la Responsabilidad de Proteger (R2P): cada Estado tiene responsabilidad de proteger a su población frente a genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad, mientras la comunidad internacional debe ayudar a prevenir y responder a esos crímenes (Naciones Unidas, 2005).

R2P no establece que cualquier Estado pueda intervenir militarmente donde considere que existe una atrocidad. El marco prioriza prevención, asistencia y medios diplomáticos y humanitarios. Las medidas coercitivas previstas deben ajustarse a la Carta de Naciones Unidas; el uso de fuerza colectiva se vincula al Consejo de Seguridad y se plantea como último recurso. La aplicación en Libia en 2011 generó además controversias sobre interpretación del mandato y contribuyó a debates posteriores sobre supervisión y rendición de cuentas.

América Latina intervino intelectualmente en esa discusión. Después de Libia, Brasil propuso la idea de “responsabilidad al proteger” (Responsibility while Protecting), buscando criterios más claros, proporcionalidad y mayor supervisión del empleo de medidas coercitivas. La propuesta muestra que el desacuerdo sobre R2P no se reduce a “proteger o no proteger”: también incluye quién decide, mediante qué medios y bajo qué controles.

Justicia transicional: paz, verdad, justicia, reparación y no repetición

Terminar una guerra plantea un problema que la negociación militar no resuelve: ¿qué hacer con crímenes cometidos durante años o décadas? La justicia transicional agrupa mecanismos judiciales y no judiciales destinados a enfrentar violaciones masivas mientras una sociedad atraviesa una transición política. Puede incluir procesos penales, comisiones de verdad, búsqueda de desaparecidos, reparaciones y reformas institucionales.

La tensión clásica enfrenta dos riesgos. Exigir castigos inmediatos para todos puede hacer más difícil que actores armados abandonen las armas; conceder impunidad amplia puede negar derechos de las víctimas y conservar estructuras que hicieron posible la violencia. El derecho internacional limita además determinadas amnistías: Naciones Unidas sostiene que no deben impedir el enjuiciamiento de personas responsables de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves.

Colombia ofrece uno de los experimentos contemporáneos más ambiciosos. El Acuerdo Final firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016 creó un sistema que articuló verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La Jurisdicción Especial para la Paz quedó incorporada normativamente en 2017 y actualmente organiza su trabajo alrededor de 11 macrocasos sobre patrones graves y representativos del conflicto.

El caso también evita una conclusión demasiado optimista. Firmar un acuerdo no elimina automáticamente violencia local, economías ilegales, disputas territoriales ni amenazas a comunidades y excombatientes. La justicia transicional opera dentro de procesos políticos prolongados. Su éxito no puede medirse únicamente por número de sentencias: también importa si las víctimas acceden a verdad, si las instituciones modifican prácticas y si disminuye la posibilidad de repetición.

Para México y otros países latinoamericanos, esta experiencia permite pensar problemas más amplios sobre desapariciones, memoria y derechos de las víctimas sin asumir que todos los contextos constituyen una “transición” comparable. Copiar instituciones sin analizar el tipo de violencia, el sistema judicial y las relaciones territoriales puede producir mecanismos formalmente semejantes pero socialmente ineficaces.

Construcción de paz: terminar los disparos no termina necesariamente el conflicto

Johan Galtung distinguió en 1969 entre paz negativa —ausencia de violencia directa— y paz positiva, relacionada con condiciones sociales capaces de reducir formas estructurales de violencia. La distinción cambió la pregunta: un alto el fuego puede ser un logro indispensable y, sin embargo, dejar intactas instituciones, desigualdades, miedos y disputas que favorecen una nueva escalada (Galtung, 1969).

John Paul Lederach desarrolló posteriormente una visión de construcción de paz orientada a relaciones y capacidades sociales a largo plazo. Desde esta perspectiva, los acuerdos entre dirigentes son necesarios pero insuficientes: comunidades, organizaciones locales, víctimas, jóvenes, mujeres, instituciones territoriales y antiguos combatientes participan en la transformación de relaciones después de la guerra (Lederach, 1997).

En 2016, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptaron resoluciones paralelas sobre sustaining peace. La construcción de paz dejó de entenderse únicamente como una actividad que comienza después de firmada la paz: incluye prevenir el estallido, escalamiento, continuación y recurrencia del conflicto, atender sus causas y apoyar recuperación y reconciliación.

Explore las capas de una paz sostenible. Cada una resuelve un problema distinto y ninguna garantiza por sí sola la siguiente.

La secuencia explica por qué un acuerdo de paz no debe evaluarse como si fuera un interruptor que cambia de “guerra” a “paz”. El Acuerdo colombiano de 2016, por ejemplo, continúa requiriendo implementación territorial, reintegración, garantías de seguridad, derechos de víctimas y reformas después de casi una década. La firma fue un hito; la construcción de paz es un proceso.

También obliga a cuestionar la idea de que paz significa ausencia de desacuerdo. Una sociedad pacífica puede tener conflictos intensos sobre tierra, memoria, recursos o poder. Su diferencia fundamental es institucional: dispone de mecanismos suficientemente legítimos para que esas disputas no necesiten transformarse en violencia organizada.

Conclusión

Los conflictos internacionales no tienen una teoría maestra. El realismo ayuda a observar poder y seguridad; el dilema de seguridad muestra cómo actores defensivos pueden producir escaladas; los modelos de negociación explican información, compromiso y divisibilidad; las perspectivas domésticas examinan instituciones y élites; y los enfoques históricos y constructivistas permiten comprender identidades, memoria y legitimidad.

Cuando la violencia escala hacia atrocidades, el análisis causal debe complementarse con categorías jurídicas precisas. Genocidio no es sinónimo de matanza; R2P no es sinónimo de intervención militar; justicia transicional no equivale a perdón generalizado; y construir paz no significa solamente detener disparos. Cada concepto responde a un problema diferente.

La competencia más difícil consiste en mantener simultáneamente varias escalas. Una guerra puede requerir explicar decisiones estratégicas de dirigentes, cambios internacionales, experiencias de comunidades y reglas jurídicas. Reducir todo a “odio ancestral”, recursos, religión o ambición de un solo líder produce narrativas fáciles precisamente donde se necesita mayor rigor.

Actividad de aprendizaje autónoma

Producto final: brief comparativo de un conflicto. Seleccione un conflicto internacional o internacionalizado documentado por fuentes académicas, UCDP, Naciones Unidas u organismos especializados. El propósito no es defender a una de las partes, sino construir una explicación causal susceptible de ser cuestionada con evidencia.

1. Delimite un periodo concreto. Evite estudiar “todo” un conflicto de varias décadas como si constituyera un solo acontecimiento.
2. Construya una cronología de cinco hitos que expliquen cómo se pasó de una situación previa al episodio de violencia seleccionado.
3. Aplique dos teorías diferentes. Por ejemplo, contraste dilema de seguridad con modelo de negociación, o una explicación internacional con una doméstica.
4. Identifique qué evidencia apoyaría cada teoría y qué evidencia podría debilitarla.
5. Separe en un apartado específico las cuestiones jurídicas. Si aparecen denuncias de genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, distinga acusación, investigación y determinación judicial.
6. Proponga dos instrumentos para reducir la violencia y dos para construir paz a mediano plazo. Explique qué mecanismo intenta modificar cada uno.
7. Cierre con una tesis de 250 a 300 palabras: ¿qué combinación de causas explica mejor la dinámica elegida y qué incertidumbre importante permanece?

Evidencia de logro: el brief debe incluir cinco hitos fechados, dos teorías contrastadas, evidencia favorable y potencialmente contradictoria, distinciones jurídicas precisas, cuatro instrumentos de intervención diferenciados y una conclusión que reconozca al menos una incertidumbre causal.

Criterio de calidad: una explicación avanzada no afirma simplemente que un conflicto ocurrió “por territorio”, “por religión” o “por recursos”. Debe especificar el mecanismo que conecta una condición con una decisión de violencia y explicar por qué la negociación, disuasión o cooperación no evitó la escalada.

Reflexión final: después del análisis, identifique cuál explicación parecía obvia al comenzar y qué evidencia le obligó a complejizarla. ¿Qué dato adicional podría cambiar de nuevo su conclusión?