Transición energética: escenarios, tensiones y posibilidades

Objetivo didáctico

Al terminar esta ficha serás capaz de evaluar críticamente escenarios de transición energética y formular una posición argumentada sobre sus implicaciones climáticas, minerales, geopolíticas y distributivas cuando analices políticas energéticas, nuevos proyectos eléctricos o propuestas de descarbonización en México y América Latina.

Introducción

La transición energética suele imaginarse como una sustitución tecnológica: retirar combustibles fósiles y colocar paneles solares, aerogeneradores, baterías y vehículos eléctricos. Esa imagen es parcialmente correcta, pero demasiado estrecha. Una transformación compatible con objetivos climáticos modifica también redes eléctricas, industrias, transporte, edificios, mercados, instituciones, hábitos de consumo y relaciones geopolíticas.

Por eso la transición no tiene un único futuro predeterminado. Los organismos que estudian el sistema energético construyen escenarios: representaciones coherentes de lo que podría ocurrir bajo determinadas políticas, tecnologías, restricciones y decisiones sociales. Un escenario no es una profecía. Se parece más a probar diferentes rutas en un simulador antes de construir una autopista: permite observar dónde termina cada combinación de supuestos.

El debate se vuelve más complejo porque las tecnologías bajas en carbono resuelven unas dependencias y crean otras. Un automóvil eléctrico no necesita gasolina durante su uso, pero requiere cobre para conductores y redes, litio o materiales alternativos para baterías y una cadena industrial capaz de procesarlos. Una central solar no compra combustible durante décadas, pero necesita terrenos, líneas de transmisión, inversores, minerales, capital financiero y reglas que determinen quién recibe la electricidad y quién captura el ingreso.

Esta ficha examina cinco capas de esa transformación. Primero compararemos qué significan realmente los escenarios de la IEA y el IPCC. Después veremos la nueva geopolítica de los minerales críticos, la tensión entre transición y soberanía nacional, la distribución de costos y beneficios y, finalmente, el potencial de las comunidades energéticas para modificar quién posee, gobierna y aprovecha la infraestructura renovable.

Desarrollo del tema

Escenarios IEA e IPCC: futuros condicionados, no pronósticos

En su World Energy Outlook 2025, la Agencia Internacional de Energía distingue entre escenarios exploratorios y normativos. El Current Policies Scenario (CPS) parte esencialmente de políticas ya implementadas. El Stated Policies Scenario (STEPS) incorpora además medidas anunciadas y direcciones de política suficientemente respaldadas, sin asumir que todos los objetivos aspiracionales se cumplirán. El Net Zero Emissions by 2050 Scenario (NZE), en cambio, empieza por una meta y calcula una trayectoria energética compatible con ella. La propia IEA advierte que ninguno debe leerse como pronóstico (IEA, 2025).

Las diferencias son enormes. En STEPS, las energías renovables pasan de aproximadamente un tercio de la generación eléctrica mundial actual a más de la mitad en 2035, pero la trayectoria de emisiones todavía corresponde a cerca de 2.5 °C de calentamiento en 2100. En el NZE actualizado, la capacidad renovable instalada casi se cuadruplica hacia 2035, las emisiones energéticas de CO₂ caen de 38 Gt en 2024 a alrededor de 18 Gt en 2035 y el calentamiento alcanza temporalmente aproximadamente 1.65 °C antes de retornar por debajo de 1.5 °C hacia finales de siglo (IEA, 2025).

El IPCC trabaja con otra arquitectura. Su Grupo de Trabajo III evaluó cientos de trayectorias producidas por diferentes modelos. La categoría C1 reúne escenarios que limitan el calentamiento a 1.5 °C con sobrepasamiento nulo o limitado. En su mediana, estos escenarios reducen las emisiones globales de gases de efecto invernadero aproximadamente 43 % para 2030 y 84 % para 2050 respecto de 2019. Las trayectorias C3, compatibles con limitar el calentamiento a 2 °C con probabilidad superior al 67 %, requieren reducciones menos rápidas, aunque igualmente profundas (IPCC, 2022).

La historia de los escenarios energéticos muestra por qué esta cautela importa. Durante las crisis petroleras de la década de 1970, la planeación energética comenzó a utilizar con mayor intensidad escenarios para gestionar incertidumbre sobre precios y seguridad de suministro. Con el cambio climático, la pregunta se amplió: ya no es solamente cuánta energía habrá, sino qué combinación tecnológica y social mantiene las emisiones dentro de determinados límites. En la vida pública, leer un escenario correctamente evita un error frecuente: presentar como “inevitable” un resultado que en realidad depende de decisiones políticas todavía abiertas.

Minerales críticos: descarbonizar también significa mover materia

Paneles solares, redes, motores eléctricos, turbinas eólicas y sistemas de almacenamiento necesitan materiales físicos. En el Global Critical Minerals Outlook 2026, la IEA proyecta que, bajo STEPS, la demanda agregada de minerales críticos para la transición casi se duplica hacia 2040. El litio presenta el crecimiento más pronunciado: supera tres veces su nivel actual. Níquel, grafito y tierras raras aumentan entre aproximadamente 50 % y 90 %. El problema no es únicamente disponer de reservas geológicas, sino extraer, procesar, refinar y transportar esos materiales con suficiente rapidez y bajo estándares aceptables (IEA, 2026).

América Latina ocupa una posición estratégica. Según la IEA, la región produce alrededor de 40 % del cobre minado mundial y cerca de una cuarta parte del litio, pero captura una fracción menor del valor agregado porque gran parte del procesamiento ocurre fuera de la región. Esta diferencia abre una discusión que va más allá de “tener minerales”: ¿debe un país limitarse a exportar concentrados o desarrollar refinación, manufactura, reciclaje, conocimiento tecnológico y cadenas regionales?

La concentración es otro problema. Un mineral puede ser abundante globalmente y seguir siendo geopolíticamente vulnerable si su refinación depende de pocos países. El Outlook 2026 muestra que la concentración del procesamiento continúa elevada y que los controles de exportación se han multiplicado desde 2023. La seguridad energética del siglo XX estaba obsesionada con petróleo y gas; la del siglo XXI debe añadir cobre, grafito, litio, tierras raras, transformadores, baterías y capacidad manufacturera.

En la vida cotidiana esta dimensión aparece en objetos tan cercanos como el teléfono, el automóvil, el aire acondicionado o la red que alimenta una vivienda. La transición no elimina la extracción: cambia su composición. Por eso Ali y colaboradores (2017) plantearon que la disponibilidad mineral para el desarrollo sostenible requiere gobernanza de recursos, no solamente exploración geológica. El desafío consiste en reducir impactos, reciclar, innovar en materiales, diversificar cadenas y evitar que la urgencia climática se utilice para justificar cualquier proyecto minero sin evaluación social y ecológica.

Energía y soberanía nacional: quién controla un sistema que se electrifica

La energía siempre ha sido política porque sostiene movilidad, industria, alimentos, comunicaciones, agua y seguridad. La transición no elimina esa dimensión: la reorganiza. Un país muy dependiente de petróleo importado puede reducir esa dependencia mediante electricidad renovable doméstica, pero aumentar simultáneamente su dependencia de baterías, inversores, semiconductores, transformadores o minerales procesados en el exterior. La soberanía energética, por tanto, no puede medirse solamente con la propiedad nacional del combustible.

México ofrece un caso particularmente claro. La nueva Ley del Sector Eléctrico fue publicada el 18 de marzo de 2025. El marco de planeación establece que el Estado debe mantener al menos 54 % del promedio anual de la energía inyectada a la red. El Programa Sectorial de Energía 2025–2030 vincula explícitamente esa prevalencia pública con soberanía, seguridad, justicia energética, descarbonización y expansión de energías renovables (Cámara de Diputados, 2025; SENER, 2025).

Pensemos en un apagón provocado por una ola de calor. Para la persona que pierde refrigeración, internet o agua bombeada, importa poco si el megawatt que faltó era público o privado: necesita un sistema confiable. Pero para decidir cómo prevenir el próximo apagón sí importan la propiedad de redes, la capacidad de inversión, la regulación, la ubicación del almacenamiento y quién asume el costo de mantener reserva. La soberanía se vuelve entonces una capacidad institucional para garantizar servicios, no únicamente una etiqueta jurídica.

Esta discusión adquirirá mayor peso a medida que la electricidad ocupe más funciones. En el WEO 2025, la demanda eléctrica mundial crece alrededor de 40 % hacia 2035 en CPS y STEPS y más de 50 % en NZE. Una economía más electrificada puede ser más eficiente y limpia, pero también hace más crítica la red. Gobernar la transición significa decidir quién construye infraestructura, bajo qué reglas, con qué mezcla tecnológica, qué parte del riesgo asume el Estado y qué dependencias externas considera estratégicamente aceptables.

Costos y beneficios distributivos: una tecnología barata puede producir una transición injusta

La reducción de costos renovables ha modificado profundamente la economía de la transición. En 2010, construir electricidad solar fotovoltaica era mucho más caro que hoy. Para 2025, IRENA reportó costos globales promedio de aproximadamente USD 44 por MWh para solar fotovoltaica y USD 33 por MWh para eólica terrestre. Sin embargo, el costo nivelado de generación no contiene toda la historia: no indica por sí mismo quién financia la red, quién paga almacenamiento, dónde se ubica el proyecto, qué territorio se transforma o cómo se reparten sus ingresos.

La justicia energética ofrece un marco útil. Jenkins y colaboradores (2016) distinguen tres dimensiones que pueden aplicarse a una central solar, una línea de transmisión o una reforma tarifaria: distribución, es decir, quién recibe beneficios y cargas; reconocimiento, que examina qué grupos, necesidades e identidades son tomados en serio; y procedimiento, que pregunta quién participa y con qué poder real. El IPCC coincide en que las políticas de mitigación pueden aumentar o reducir desigualdad dependiendo de su diseño.

En México, el problema aparece en decisiones muy concretas. Un hogar con techo propio y crédito puede instalar paneles y reducir su factura; un hogar arrendatario de bajos ingresos puede no tener esa opción. Una región que recibe un gran proyecto renovable puede aportar territorio y líneas de transmisión mientras los empleos especializados y las utilidades se concentran en otro lugar. A la inversa, una política bien diseñada puede utilizar inversión pública, tarifas progresivas, propiedad comunitaria, compras locales, capacitación y compensaciones para repartir mejor los beneficios. El costo tecnológico es solo una pieza de la justicia.

Comunidades energéticas: de consumidores pasivos a participantes del sistema

Una comunidad energética es más que un conjunto de techos con paneles. Supone alguna forma de participación colectiva en la generación, propiedad, gestión, intercambio o aprovechamiento de energía. Puede adoptar forma de cooperativa, microred, instalación solar compartida, asociación municipal o esquema híbrido. IRENA subraya que la participación y propiedad comunitaria desde la concepción hasta la operación pueden distribuir mejor beneficios sociales, económicos y ambientales (IRENA Coalition for Action, 2024).

América Latina presenta experiencias diversas. La IEA documentó en 2024 cooperativas rurales históricas en Brasil y Costa Rica, programas comunitarios en Chile y proyectos como RevoluSolar en Brasil. También mostró un problema estructural: la región tenía aproximadamente 97 % de acceso eléctrico, pero pérdidas de red cercanas al 16 %, frente a aproximadamente 6 % en economías de la OCDE. Las comunidades energéticas pueden complementar la red central, especialmente donde persisten problemas de confiabilidad, acceso o pobreza energética, pero no sustituyen automáticamente la planificación sistémica.

México está abriendo espacio regulatorio para estas configuraciones. El Reglamento de la Ley del Sector Eléctrico publicado en 2025 contempla pequeños sistemas eléctricos en régimen de microred y permite que la regulación reconozca esquemas con gobernanza local, participación del sector social, comunidades energéticas y cooperativas. Para sistemas comunitarios de autoconsumo aislado, las disposiciones posteriores de la Comisión Nacional de Energía desarrollaron esquemas de microred con reglas específicas. La transición comunitaria, por tanto, comienza a ser una cuestión institucional además de tecnológica.

La dificultad real aparece después de instalar los equipos. ¿Quién recauda? ¿Quién paga una batería nueva en ocho años? ¿Cómo se decide una expansión? ¿Qué ocurre si algunas familias consumen mucho más que otras? ¿Quién capacita técnicos locales? La investigación latinoamericana publicada en 2026 identifica precisamente obstáculos de legitimidad, financiamiento y coordinación institucional. El panel solar es frecuentemente la parte sencilla; construir gobernanza que sobreviva veinte años es mucho más difícil.

Las comunidades energéticas revelan así una posibilidad política de la transición: que parte de la ciudadanía pase de ser únicamente compradora de electricidad a participar en decisiones sobre infraestructura. No todas las localidades necesitan una microred ni toda energía debería producirse localmente. El interés del modelo es demostrar que la arquitectura del sistema puede combinar escalas: redes nacionales robustas, generación centralizada cuando aporta eficiencia y soluciones comunitarias cuando mejoran acceso, resiliencia, propiedad local o distribución de beneficios.

Conclusión

Evaluar críticamente una transición energética exige separar cuestiones que suelen presentarse como una sola. Los escenarios muestran la velocidad necesaria y las consecuencias de distintas trayectorias; los minerales revelan la base física de las tecnologías; la soberanía pregunta quién posee capacidades estratégicas; la justicia energética examina quién paga y quién recibe beneficios; y las comunidades energéticas introducen la posibilidad de redistribuir también propiedad y poder de decisión.

Las evidencias actuales descartan dos simplificaciones. La primera es que continuar prácticamente sin cambios sea compatible con los objetivos climáticos: ni STEPS ni CPS conducen al mundo hacia 1.5 °C. La segunda es que instalar tecnología renovable resuelva automáticamente los problemas sociales de la energía. Paneles solares baratos pueden coexistir con redes insuficientes, pobreza energética, conflictos territoriales o cadenas minerales altamente concentradas.

El verdadero criterio de una transición no será solamente cuántos gigavatios renovables instaló una sociedad. También importará cuánto redujo sus emisiones absolutas, qué tan confiable se volvió su sistema, cuánto disminuyó su vulnerabilidad externa, cómo gestionó los nuevos impactos materiales y quién ganó capacidad efectiva para decidir sobre la energía. Esas preguntas siguen abiertas porque diferentes países pueden construir transiciones profundamente distintas aun utilizando tecnologías similares.

Actividad de aprendizaje autónoma

Producto esperado: dictamen ciudadano sobre una estrategia de transición energética.

Elija una política, plan o proyecto energético real de México o de otro país latinoamericano. Puede ser un parque solar o eólico, una línea de transmisión, un programa de generación distribuida, un proyecto de almacenamiento, una estrategia de electromovilidad, una explotación de litio o cobre, una microred o un plan energético nacional. El propósito es evaluarlo desde varias dimensiones antes de decidir si merece apoyo, modificación o rechazo.

1. Localice una fuente primaria del proyecto o política: ley, programa gubernamental, manifestación de impacto, plan oficial, resolución regulatoria o documento del promotor.
2. Identifique qué escenario o meta climática parece implícita. Explique si el proyecto sería coherente con una trayectoria tipo CPS, STEPS, NZE o con una categoría climática del IPCC y justifique la comparación.
3. Construya un inventario material básico: tecnologías utilizadas y al menos tres minerales o componentes críticos asociados.
4. Evalúe soberanía y seguridad: propiedad, origen tecnológico, dependencia de combustibles o componentes importados, relación con la red y capacidad de respuesta ante interrupciones.
5. Elabore un mapa distributivo con cuatro columnas: actores que pagan, actores que reciben beneficios, comunidades que asumen impactos y actores que toman decisiones.
6. Proponga una modificación concreta para mejorar la justicia del proyecto: participación comunitaria, propiedad compartida, tarifa diferenciada, fondo local, capacitación, compensación, contenido nacional, reciclaje u otra medida justificable.
7. Concluya con una posición argumentada de 300 a 400 palabras: apoyar, apoyar con condiciones o rechazar. Incluya el mejor argumento contrario a su propia conclusión.

Evidencia de logro: entregue un dictamen de entre 1,000 y 1,300 palabras acompañado de la fuente primaria analizada, un inventario material, un mapa distributivo y una recomendación concreta de política o gobernanza.

Criterio de éxito: su análisis será sólido si distingue claramente entre un escenario y un pronóstico, reconoce las dependencias materiales de la tecnología, evalúa soberanía sin confundirla con propiedad estatal, identifica ganadores y perdedores y propone una mejora capaz de redistribuir beneficios o poder.

Reflexión final: si dos proyectos redujeran exactamente la misma cantidad de CO₂, pero uno generara mayor autonomía comunitaria y el otro mayor seguridad y eficiencia a escala nacional, ¿qué información adicional necesitaría para decidir cuál representa una transición energética mejor?

Referencias

• Ali, S. H., Giurco, D., Arndt, N., Nickless, E., Brown, G., Demetriades, A., Durrheim, R., Enriquez, M. A., Kinnaird, J., Littleboy, A., Meinert, L. D., Oberhänsli, R., Salem, J., Schodde, R., Schneider, G., Vidal, O., & Yakovleva, N. (2017). Mineral supply for sustainable development requires resource governance. Nature, 543, 367–372. https://doi.org/10.1038/nature21359
• Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley del Sector Eléctrico. Diario Oficial de la Federación, 18 de marzo de 2025.
• Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009157926
• International Energy Agency. (2024). Bottom-up energy transitions: Managing the rise of energy communities in Latin America. IEA.
• International Energy Agency. (2025). World Energy Outlook 2025. IEA.
• International Energy Agency. (2026). Global Critical Minerals Outlook 2026. IEA.
• International Renewable Energy Agency. (2026). Renewable power generation costs in 2025. IRENA.
• IRENA Coalition for Action. (2024). Community energy benefits: Powering universal wellbeing. International Renewable Energy Agency.
• Jenkins, K., McCauley, D., Heffron, R., Stephan, H., & Rehner, R. (2016). Energy justice: A conceptual review. Energy Research & Social Science, 11, 174–182. https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.10.004
• Molina Castro, J. D., et al. (2026). On-grid energy communities in Latin America: Institutional barriers and enabling conditions for a sustainable transition. Energy Policy, 215, 115354.
• Secretaría de Energía. (2025). Programa Sectorial de Energía 2025–2030. Diario Oficial de la Federación.