Una mina puede producir divisas para todo un país y contaminación para una comunidad. Un parque renovable puede reducir emisiones globales y, al mismo tiempo, transformar un territorio que sus habitantes no querían ceder. ¿Quién decide cuándo ese intercambio es aceptable?
La ecología política parte de una observación incómoda: los beneficios del desarrollo y sus daños ambientales rara vez se distribuyen entre las mismas personas. Tampoco todos poseen igual capacidad para decidir qué riesgos asumir, qué pérdidas compensar o qué formas de vida proteger. Por eso un problema ambiental puede ser simultáneamente ecológico, económico, territorial, racial y democrático. Esta ficha no te dará UNA respuesta. Te dará las herramientas para construir la tuya.
Objetivo didáctico
Al terminar esta ficha serás capaz de evaluar críticamente un conflicto socioambiental identificando cómo se distribuyen los beneficios, los daños y el poder de decisión, y comparando respuestas extractivistas y alternativas territoriales cuando analices proyectos mineros, energéticos, agroindustriales o de infraestructura en México y América Latina.
Introducción
La contaminación suele representarse como un problema técnico: existe una sustancia, una fuente emisora y un nivel de exposición que debe medirse. La ecología política añade otra serie de preguntas. ¿Por qué la actividad contaminante se instaló precisamente allí? ¿Quién recibe sus beneficios? ¿Quién puede participar en las decisiones? ¿Por qué determinadas poblaciones enfrentan con mayor frecuencia minas, vertederos, presas, corredores industriales o pérdida de bienes comunes?
Estas preguntas no vuelven irrelevante a la ciencia ambiental. Al contrario: necesitan conocer caudales, toxicidad, biodiversidad, emisiones o cambios de uso del suelo. Lo que cambia es la interpretación. El daño deja de verse únicamente como una alteración biofísica y comienza a analizarse también como una distribución social de cargas y ventajas.
🔷 Marco conceptual: ecología política y conflictos de distribución ecológica
La ecología política estudia cómo las relaciones económicas, institucionales y de poder intervienen en el acceso, control y transformación de la naturaleza. Joan Martínez-Alier denomina conflictos de distribución ecológica a disputas sobre quién obtiene recursos y beneficios y quién soporta contaminación, degradación, desplazamiento o pérdida de medios de vida. Muchas de estas disputas son también conflictos de valoración: los actores no necesariamente miden un territorio con la misma unidad de valor (Martínez-Alier, 2002, 2021).
Así, un bosque puede aparecer simultáneamente como reserva de carbono, territorio ancestral, fuente de agua, conjunto de mercancías, hábitat o espacio sagrado. Traducir todas esas dimensiones a una sola cifra monetaria puede facilitar una decisión administrativa, pero no elimina el desacuerdo sobre qué merece ser protegido. En ecología política, reconocer esa pluralidad no significa aceptar cualquier argumento como equivalente; significa hacer visibles los criterios que cada actor utiliza.
Esta perspectiva es especialmente relevante en América Latina, donde extracción de minerales, hidrocarburos, agroexportación, grandes infraestructuras y nuevas inversiones para la transición energética coinciden con territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes. Los siguientes apartados examinan cinco preguntas: cómo surgen los conflictos socioambientales, qué caracteriza al extractivismo y neoextractivismo, cuándo una injusticia adquiere una dimensión racial, por qué defender el ambiente puede implicar riesgos graves y qué significa hablar de alternativas al desarrollo.
Desarrollo del tema
Conflictos socioambientales: no se disputa solamente un recurso, sino quién puede definir su valor
Un conflicto socioambiental aparece cuando diferentes actores disputan los usos, impactos, riesgos o formas legítimas de gobernar un territorio y sus recursos. Puede enfrentar comunidades con empresas, niveles de gobierno entre sí, trabajadores con organizaciones ambientalistas o incluso sectores diferentes dentro de una misma localidad. Que exista conflicto no demuestra automáticamente que un proyecto sea ambientalmente inviable; sí demuestra que sus costos, beneficios o reglas de decisión son controvertidos.
El Atlas Global de Justicia Ambiental, EJAtlas, ha permitido comparar miles de estas disputas. Un análisis publicado en 2025 estudió 3,388 conflictos y 5,589 empresas. Encontró que solo cien compañías aparecían vinculadas con 20 % de los conflictos analizados y que los casos con empresas extranjeras presentaban, en promedio, más impactos socioeconómicos y resultados menos favorables para las comunidades afectadas (Llavero-Pasquina, 2025). El dato no permite afirmar que toda empresa multinacional produzca conflicto; permite examinar concentraciones de poder que una evaluación proyecto por proyecto puede ocultar.
La matriz es deliberadamente incompleta. Dos proyectos situados en el mismo cuadrante pueden ser moralmente distintos si uno afecta un ecosistema restaurable y otro destruye un sitio sagrado o desplaza una comunidad. Además, un proyecto puede producir beneficios fiscales nacionales mientras ofrece pocos beneficios al territorio donde se instala. Por eso la escala cambia la respuesta: lo que aparece como ganancia desde la capital puede aparecer como pérdida desde la localidad.
El análisis avanzado debe agregar una tercera variable a la matriz: poder de decisión. Una comunidad puede recibir compensaciones y seguir considerando injusto un proyecto si nunca pudo participar en la decisión inicial. En ese punto el conflicto deja de ser solo distributivo y adquiere dimensiones procedimentales y de reconocimiento: quién fue escuchado, qué conocimiento fue considerado válido y qué derechos limitaron la decisión mayoritaria.
Extractivismo y neoextractivismo: cambiar quién recibe la renta no elimina la extracción
En la literatura latinoamericana, extractivismo suele referirse a modalidades de apropiación intensiva o de gran volumen de recursos naturales, con una parte considerable destinada a mercados externos. Minería a gran escala, hidrocarburos y ciertas formas de agroexportación son ejemplos frecuentes. El concepto no describe únicamente una técnica productiva: también examina la dependencia económica y territorial creada alrededor de exportaciones de materias primas.
El término neoextractivismo adquirió fuerza durante el ciclo político latinoamericano de las primeras décadas del siglo XXI. Autores como Eduardo Gudynas y Maristella Svampa lo utilizaron críticamente para describir gobiernos que mantuvieron o ampliaron actividades extractivas mientras reforzaban intervención estatal, captación de rentas y programas redistributivos. La diferencia no consistía necesariamente en extraer menos, sino en modificar la participación estatal y la legitimación política de la extracción (Svampa, 2019).
La historia detrás ayuda a entender el debate. Durante el auge internacional de materias primas de los años 2000, varios gobiernos latinoamericanos obtuvieron ingresos extraordinarios por petróleo, minerales y productos agrícolas. Parte de esas rentas financió gasto social, infraestructura y políticas redistributivas. Para sus defensores, utilizar los recursos naturales permitía ampliar autonomía fiscal y atender necesidades históricamente desatendidas. Para sus críticos, la estrategia profundizaba dependencia exportadora y trasladaba impactos hacia territorios periféricos sin transformar la estructura productiva.
La concentración empresarial añade otra capa. En el estudio mundial de Llavero-Pasquina (2025), cien empresas —menos de 2 % de las 5,589 compañías identificadas— aparecían en una quinta parte de los conflictos analizados. Esto sugiere que las cadenas extractivas no solo conectan Estados y comunidades, sino corporaciones con capacidad de operar en múltiples jurisdicciones y de desplazar materiales, beneficios y costos a través de fronteras.
El concepto de neoextractivismo debe utilizarse con precisión y no como insulto político. Puede ayudar a comparar cuánto valor captura el Estado, cuánto se redistribuye, qué dependencia fiscal permanece y quién soporta los impactos. También permite observar una paradoja contemporánea: una transición energética puede disminuir combustibles fósiles y aumentar simultáneamente la demanda de cobre, litio u otros materiales. El adjetivo “verde” no resuelve por sí solo la pregunta de quién controla el territorio.
Racismo ambiental: cuando la distribución del riesgo sigue estructuras racializadas
La justicia ambiental pregunta quién soporta contaminación, degradación y riesgos. El concepto de racismo ambiental añade una condición más específica: esos patrones se relacionan sistemáticamente con estructuras racializadas que colocan a determinados grupos en territorios de mayor exposición o les conceden menor capacidad institucional para evitar, cuestionar o reparar el daño. No basta observar que una comunidad pobre vive junto a una fuente contaminante para demostrar automáticamente racismo ambiental.
La expresión adquirió visibilidad en Estados Unidos durante la década de 1980 y fue desarrollada por investigadores como Robert Bullard. En América Latina debe adaptarse a historias propias de colonización, esclavitud, despojo, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y desigualdad territorial. Importar la categoría sin reconstruir esas relaciones históricas puede ocultar más de lo que explica.
Un análisis internacional de 3,081 conflictos ambientales publicado en 2023 encontró afectaciones a pueblos indígenas en por lo menos 34 % de los casos documentados. Más de tres cuartas partes de esos conflictos estaban relacionados con minería, combustibles fósiles, represas y actividades agropecuarias, forestales, pesqueras o ganaderas. Entre los impactos reportados destacaban pérdida de paisaje, pérdida de medios de vida y desposesión territorial (Scheidel et al., 2023).
Un caso latinoamericano reciente muestra por qué la distinción también importa en proyectos ambientalmente deseables. Cavalcante, Sousa y Assis (2025) estudiaron la comunidad quilombola Pitombeira, en Paraíba, Brasil, junto al Complejo Solar Luzia. Mediante entrevistas y conversaciones comunitarias documentaron impactos acumulativos asociados a instalación y operación del parque, entre ellos afectaciones territoriales, ecológicas y a infraestructura doméstica. El estudio caracteriza el caso como injusticia ambiental en un territorio quilombola.
La lección no es que la energía solar sea intrínsecamente injusta. Es que una tecnología baja en carbono puede reproducir desigualdades si su localización, propiedad y gobernanza ignoran relaciones territoriales previas. La ecología política obliga así a analizar dos preguntas simultáneas: qué tan necesaria es la transformación ambiental y bajo qué condiciones sociales se realiza.
Defensores ambientales en riesgo: el costo de participar también está desigualmente distribuido
Una comunidad no participa en igualdad de condiciones si cuestionar un proyecto puede provocar vigilancia, campañas de desprestigio, criminalización, amenazas, desplazamiento o violencia física. La ecología política analiza por eso no solo el resultado ambiental de una disputa, sino el espacio cívico dentro del cual las personas pueden defender agua, tierra, bosques o territorio.
México ofrece un indicador reciente de esa vulnerabilidad. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental documentó durante 2025 un total de 135 eventos de agresión que incluyeron 314 agresiones específicas contra personas y comunidades defensoras de derechos humanos ambientales. En 76 de los 135 eventos registró participación de autoridades de distintos órdenes y contabilizó diez víctimas de homicidio (CEMDA, 2026).
Las estadísticas de CEMDA y Global Witness no deben sumarse ni compararse directamente. CEMDA registra diferentes tipos de eventos y agresiones dentro de México mediante una metodología propia; Global Witness construye una base internacional centrada principalmente en asesinatos y desapariciones. La diferencia metodológica es parte del conocimiento: una cifra sobre violencia solo es interpretable cuando sabemos qué eventos cuenta y qué eventos deja fuera.
El Acuerdo de Escazú convirtió la protección de quienes defienden derechos humanos ambientales en una obligación regional jurídicamente vinculante para sus Estados Parte. Su artículo 9 exige garantizar un entorno seguro y propicio para que personas, grupos y organizaciones puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. México ratificó el acuerdo tempranamente, pero el contraste entre la norma y las agresiones documentadas demuestra que reconocimiento jurídico e implementación efectiva no son equivalentes.
Desde una perspectiva ciudadana, defender a las personas defensoras no requiere asumir que toda oposición comunitaria tiene razón sobre cada dato técnico. Significa garantizar que el desacuerdo pueda expresarse sin violencia y que quienes cuestionan una obra dispongan de información, justicia y canales de participación. Un sistema donde solo puede hablar sin riesgo quien posee más recursos no produce decisiones ambientales legítimas.
Alternativas al desarrollo: ¿hacer mejor el mismo proyecto o cambiar la pregunta?
Existe una diferencia entre desarrollo alternativo y alternativas al desarrollo. El primero intenta mejorar un modelo conocido: tecnología más limpia, mejores normas laborales, regalías más altas, restauración ecológica o una distribución más justa de ingresos. Las alternativas al desarrollo formulan una crítica más profunda: preguntan si crecimiento económico, extracción y consumo material deben seguir ocupando el centro de la definición de bienestar.
América Latina ha producido parte importante de este debate. Conceptos como Buen Vivir o Sumak Kawsay, economías comunitarias, bienes comunes, agroecología y propuestas postextractivistas cuestionan que naturaleza y territorio puedan reducirse a insumos para crecimiento. Ecuador incorporó en su Constitución de 2008 derechos de la naturaleza y referencias al Buen Vivir; Bolivia aprobó en 2009 una Constitución que también incorporó lenguajes vinculados con el vivir bien.
La institucionalización reveló una contradicción: adoptar nuevos principios constitucionales no eliminó automáticamente la dependencia de petróleo, minería o exportaciones primarias. Merino (2016) advierte que Buen Vivir es un campo político disputado y no una receta homogénea. Svampa (2019) observa de manera similar que discursos postextractivistas convivieron con economías fuertemente dependientes de commodities.
Otras propuestas, como el decrecimiento, plantean reducir deliberadamente flujos materiales y energéticos en sectores de alto consumo. Sin embargo, trasladar esa idea mecánicamente a regiones con carencias de infraestructura, vivienda o servicios sería problemático. Una reducción del consumo material en economías ricas tampoco garantiza por sí sola justicia para América Latina si permanecen relaciones comerciales, financieras y tecnológicas desiguales.
El valor de estas alternativas no reside en reemplazar una fórmula universal por otra. Una región minera, una comunidad agrícola y una metrópoli tienen capacidades y necesidades distintas. El desafío es construir transiciones capaces de reducir dependencia, restaurar ecosistemas y distribuir poder sin romantizar pobreza ni suponer que toda economía local puede abandonar inmediatamente los mercados nacionales y globales.
La ecología política transforma así la pregunta inicial. En lugar de preguntar solamente “¿cuánto crecimiento produce este proyecto?”, pregunta además “¿qué forma de bienestar intenta construir, qué naturaleza consume para hacerlo, quién puede negarse y qué opciones quedan abiertas para el futuro?”. Esa ampliación no elimina la economía; obliga a colocarla dentro de límites ecológicos y relaciones democráticas.
Conclusión
Evaluar críticamente un conflicto socioambiental exige cumplir el objetivo de esta ficha: reconstruir no solo qué daño ocurre, sino cómo se distribuyen beneficios, cargas y capacidad de decisión. La ecología política permite observar que una misma actividad puede ser económicamente estratégica a escala nacional y profundamente injusta desde el territorio que soporta sus impactos.
Extractivismo, neoextractivismo y alternativas al desarrollo representan formas distintas de responder a esa tensión. El primero coloca atención en la dependencia de grandes flujos de recursos; el segundo muestra que una mayor captura pública de renta puede coexistir con impactos extractivos; las propuestas postextractivas preguntan cómo reducir esa dependencia sin convertir la protección ambiental en austeridad para quienes todavía carecen de servicios y oportunidades.
Racismo ambiental y violencia contra personas defensoras añaden una advertencia decisiva: no todos llegan al conflicto con la misma historia ni con la misma capacidad de hablar. Una decisión ambiental democrática requiere datos biofísicos rigurosos, pero también información sobre derechos, desigualdades históricas y condiciones reales de participación. El daño ambiental se vuelve políticamente comprensible cuando preguntamos quién puede transferirlo hacia otros y quién tiene posibilidades efectivas de rechazar esa transferencia.
🔭 Para seguir aprendiendo
- ¿Puede existir una actividad extractiva ambientalmente justa si una comunidad directamente afectada la rechaza, pero sus beneficios financian derechos sociales para millones de personas?
- ¿Cómo debería modificarse la transición energética mundial para evitar que la reducción de emisiones en unos territorios reproduzca nuevas zonas de sacrificio en otros?
- ¿Qué indicadores permitirían distinguir una verdadera transición postextractiva de una economía que simplemente desplaza la extracción hacia otros países?
Actividad de aprendizaje autónoma
Producto esperado: mapa de ecología política de un conflicto socioambiental.
Seleccione un conflicto real de México o América Latina relacionado con minería, energía, agua, agroindustria, turismo, infraestructura, residuos, bosques o expansión urbana. La meta no es decidir anticipadamente quién tiene razón, sino reconstruir el conflicto de manera suficientemente completa para formular una posición argumentada.
- Delimite el conflicto: territorio, proyecto o actividad, fecha aproximada de inicio y problema ambiental central.
- Localice al menos una fuente primaria —autorización, manifestación ambiental, sentencia, norma, documento gubernamental, comunicado comunitario o reporte empresarial— y dos fuentes independientes.
- Construya un mapa con al menos cinco actores. Para cada uno registre qué beneficio busca, qué riesgo enfrenta y qué capacidad posee para influir en la decisión.
- Identifique los flujos de valor: empleo, impuestos, regalías, energía, productos o infraestructura. Después identifique los flujos de carga: contaminación, pérdida de agua, cambio de uso del suelo, desplazamiento, riesgo sanitario o pérdida cultural.
- Evalúe si el caso puede analizarse como extractivismo o neoextractivismo. Justifique el término mediante características observables; no lo utilice únicamente como etiqueta política.
- Examine si existe evidencia suficiente para hablar de racismo ambiental. Distinga explícitamente entre desigualdad socioeconómica, afectación a un pueblo indígena o afrodescendiente y un patrón racializado de distribución o exclusión.
- Revise las condiciones de participación: consulta, acceso a información, litigios, protesta y posibles agresiones o criminalización. Si existen personas defensoras en riesgo, identifique qué obligación institucional debería protegerlas.
- Compare dos respuestas: una que mejore el proyecto existente mediante regulación, redistribución o mitigación y otra que modifique la trayectoria de desarrollo del territorio. Explique costos, beneficios y límites de ambas.
- Cierre con un dictamen de 350 a 450 palabras. Indique su posición, el mejor argumento contrario y qué nueva evidencia podría hacerle modificarla.
🧩 Complete cuatro ideas antes de redactar su dictamen.
1. Un conflicto donde unos grupos reciben beneficios y otros soportan costos ambientales puede analizarse como un conflicto de .
2. El neoextractivismo puede aumentar la participación pública sin eliminar necesariamente la dependencia de la .
3. Para sostener que existe racismo ambiental no basta demostrar desigualdad: debe identificarse un verificable.
4. Analizar quién pudo participar y con qué capacidad real incorpora la dimensión de justicia .
Evidencia de logro: entregue un mapa de actores y flujos acompañado de un análisis de entre 1,100 y 1,400 palabras y de las fuentes consultadas. El producto debe distinguir hechos documentados, interpretaciones teóricas y su propia posición normativa.
Criterio de éxito: el análisis será sólido si puede explicar quién obtiene beneficios, quién soporta cargas, quién posee capacidad efectiva de decisión y qué mecanismos históricos o institucionales producen esa distribución; además, deberá utilizar con precisión los conceptos de extractivismo, racismo ambiental y alternativas al desarrollo sin convertirlos en etiquetas automáticas.
Reflexión final: si un proyecto extractivo permitiera financiar una reducción importante de pobreza a escala nacional pero provocara una pérdida territorial irreversible para una comunidad indígena que lo rechaza, ¿qué evidencia y qué principio utilizaría para decidir si el proyecto debe realizarse?
Referencias
- Bullard, R. D. (2000). Dumping in Dixie: Race, class, and environmental quality (3rd ed.). Westview Press.
- Cavalcante, L. V., Sousa, J. A. de, & Assis, T. M. F. de. (2025). As contradições da energia renovável no Semiárido: o caso da injustiça ambiental produzida por empreendimento de energia solar na Comunidade Quilombola Pitombeira (Paraíba–Brasil). Revista NERA, 28(1), e10639. doi:10.47946/rnera.v28i1.10639.
- Centro Mexicano de Derecho Ambiental. (2026). Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2025. CEMDA.
- Global Witness. (2025). Raíces de resistencia: Personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en 2024. Global Witness.
- Llavero-Pasquina, M. (2025). Driving ecologically unequal exchange: A global analysis of multinational corporations’ role in environmental conflicts. Global Environmental Change, 92, 103006. doi:10.1016/j.gloenvcha.2025.103006.
- Martínez-Alier, J. (2002). The environmentalism of the poor: A study of ecological conflicts and valuation. Edward Elgar.
- Martínez-Alier, J. (2021). Mapping ecological distribution conflicts: The EJAtlas. The Extractive Industries and Society, 8(4), 100883.
- Merino, R. (2016). An alternative to “alternative development”?: Buen Vivir and human development in Andean countries. Oxford Development Studies, 44(3), 271–286.
- Scheidel, A., Fernández-Llamazares, Á., Bara, A. H., Del Bene, D., David-Chavez, D. M., Fanari, E., Garba, I., Hanaček, K., Liu, J., Martínez-Alier, J., Navas, G., Reyes-García, V., Roy, B., Temper, L., Aye Thiri, M., Tran, D., Walter, M., & Whyte, K. P. (2023). Global impacts of extractive and industrial development projects on Indigenous Peoples’ lifeways, lands, and rights. Science Advances, 9(23), eade9557. doi:10.1126/sciadv.ade9557.
- Svampa, M. (2019). Neo-extractivism in Latin America: Socio-environmental conflicts, the territorial turn, and new political narratives. Cambridge University Press.