Venustiano Carranza
(1859-1920) Nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Fue el undécimo hijo del coronel liberal Jesús Carranza, que había colaborado estrechamente con Benito Juárez Garza. Se crió en esta familia de clase media acomodada, dueña de tierras rancheras y de gran tradición liberal.
Gran creyente en la soberanía estatal y municipal, participó en varias luchas contra el porfirismo para que se mantuviera el derecho de cada zona de tomar decisiones propias. Fue gobernador interino de su estado en 1908. Participó con Madero en la rebelión de 1910.
Fue secretario de Guerra y Marina en el gabinete de Madero, así como gobernador electo de Coahuila. En 1913, la traición de Huerta contra Madero lo llevó a redactar el Plan de Guadalupe, mediante el cual desconocía los poderes del usurpador.
Formó el Ejército Constitucionalista, con el fin de encabezar la rebelión destinada a restaurar el orden constitucional señalado por la Carta Magna de 1857. Tomó posesión como Presidente el primero de mayo de 1915.
Carranza fue un continuador de la tradición liberal mexicana. Gran lector de obras con ideas liberales como México a través de los siglos , de Riva Palacio, así como libros del doctor Mora, de Manuel Payno y de Justo Sierra. Quiso encauzar al movimiento revolucionario hacia la legalidad, recuperando para ello la herencia liberal de la Constitución de 1857.
Esta lucha por restablecer el orden constitucional quedó expresada en el artículo 2° de sus adiciones al Plan de Guadalupe.
El primer jefe de la revolución y encargado del Poder Ejecutivo expedirá y pondrá en vigor, durante la lucha, todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión exige como indispensables para restablecer el régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí; leyes agrarias que favorezcan la formación de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos la tierra de que fueron injustamente privados; leyes fiscales encaminadas a obtener un sistema equitativo de impuestos a la propiedad raíz; legislación para mejorar la condición del peón rural, del obrero, del minero y en general, de las clases proletarias; establecimiento de la libertad municipal como institución constitucional; bases para un nuevo sistema de organización del Poder Judicial independiente, tanto en la Federación como en los estados; revisión de las leyes relativas al matrimonio y al estado civil de las personas; disposiciones que garanticen el estricto cumplimiento de las leyes de Reforma; revisión de los códigos Civil, Penal y de Comercio; reformas del procedimiento judicial, con propósito de hacer expedita y efectiva la administración de justicia; revisión de las leyes relativas a la explotación de minas, petróleo, agua, bosques y demás recursos naturales del país, y evitar que se formen otros en el futuro; reformas políticas que garanticen la verdadera aplicación de la Constitución de la República, y en general de todas las demás leyes que se estimen necesarias para asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos y la igualdad ante la ley».
En estos puntos resulta evidente la continuidad de ideas liberales, sobre todo en lo referente a la libertad municipal, la independencia del Poder Judicial o la igualdad ante la ley.
En 1915 y 1916 se hizo notoria la necesidad de reformas en siete vetas profundas de la vida mexicana: el problema agrario, el problema obrero, la soberanía sobre los recursos naturales, la relación entre la Iglesia y el Estado, el papel del Estado en la economía, el problema de a educación y la estructura política.
En 1915 proclamó la Ley del 6 de enero, que concebía al ejido como reparación de una injusticia, no como un nuevo sistema de tenencia de la tierra. Se trataba de restablecer el patrimonio territorial de los pueblos despojados y crear nuevas unidades con terrenos colindantes a los pueblos que se expropiarían para el efecto.
En septiembre de 1916, en un acto de gran resonancia política, convocó a un nuevo Congreso Constituyente,
«A pesar de la bondad indiscutible de los principios en que descansa (…) (la Constitución) continuará siendo inadecuada para la satisfacción de las necesidades públicas y muy propicia para volver a entronizar otra tiranía igual o parecida a las que con demasiada frecuencia ha tenido el país, con la completa absorción de todos los poderes por parte del Ejecutivo; o que los otros, con especialidad del Legislativo, se conviertan en una rémora constante por la marcha regular y ordenada de la administración». Carranza recordaba la continuidad de las constituciones de 1824 y 1857 y preveía el mismo espíritu para la futura Constitución:
«Se respetará escrupulosamente el espíritu liberal de dicha Constitución, a la que sólo se quiere purgar de los defectos que tiene ya que por la contradicción u oscuridad de algunos de sus preceptos, ya por los huecos que hay en ella o por las reformas que con el deliberado propósito de desnaturalizar su espíritu original y democrático se le hicieron durante las dictaduras pasadas».
El primero de noviembre de 1918 promulgó la Doctrina Carranza, que sostiene la igualdad entre los estados y desaprueba toda intervención de los asuntos internos de otra nación así como la equivalencia de derechos de nacionales y extranjeros ante las leyes de un país. Carranza murió asesinado en Tlaxcaltongo, Puebla, en 1920.