Poseer un recurso estratégico no garantiza controlar el poder que produce. Un país puede extraer litio, cobre, petróleo o alimentos y seguir dependiendo de otros para refinarlos, financiarlos, transportarlos o convertirlos en tecnología.
Ésta es la paradoja central de la geopolítica de los recursos. La ubicación física importa, pero también las cadenas de valor, la infraestructura, el conocimiento tecnológico, las instituciones y las relaciones con las comunidades que habitan los territorios donde esos recursos se encuentran. Agua, energía y tierra pueden generar cooperación, autonomía y desarrollo; también pueden intensificar desigualdades, dependencia y conflictos. Esta ficha no te dará UNA respuesta. Te dará las herramientas para construir la tuya.
Objetivo didáctico
Al terminar esta ficha serás capaz de analizar cómo la distribución y el control de energía, minerales, agua y tierra producen relaciones de poder entre Estados, empresas y comunidades, distinguiendo disponibilidad física, cadenas de valor e instituciones para evaluar críticamente estrategias de seguridad de recursos y desarrollo en México, América Latina y el sistema internacional.
Introducción
Durante buena parte del siglo XX, hablar de geopolítica de los recursos evocaba petróleo, gas, carbón y rutas marítimas. Esos recursos siguen siendo decisivos, pero la transición energética está modificando el mapa. Redes eléctricas, vehículos eléctricos, baterías, centros de datos y tecnologías renovables necesitan cobre, litio, níquel, grafito, tierras raras y otros minerales cuya producción y procesamiento se concentran geográficamente.
Un recurso se vuelve estratégico no simplemente porque sea escaso, sino porque una interrupción de su suministro puede afectar actividades consideradas esenciales y porque sustituirlo, producirlo en otro lugar o reducir su consumo requiere tiempo y capacidad tecnológica. Esa definición depende de la época: el carbón fue decisivo para la industrialización del siglo XIX; el petróleo adquirió enorme importancia durante el siglo XX; actualmente cobre, litio, tierras raras y semiconductores aparecen cada vez más conectados con energía, digitalización y seguridad nacional.
🔷 Marco conceptual: geopolítica de los recursos
Analiza cómo la distribución geográfica, extracción, transformación, transporte y control de recursos esenciales afectan relaciones de poder. Su unidad de análisis no debe ser únicamente el yacimiento. También importan refinerías, infraestructura, tecnología, financiamiento, propiedad, regulación y legitimidad social. Un territorio puede poseer el recurso y otro capturar la mayor parte de su valor.
La misma lógica aparece con agua y tierra. Un río puede atravesar varios Estados antes de llegar al mar; utilizarlo aguas arriba modifica posibilidades aguas abajo. Una extensión agrícola puede ser jurídicamente adquirida por una empresa y, al mismo tiempo, sostener derechos consuetudinarios, sistemas de pastoreo, bosques y formas comunitarias de vida que no aparecen con claridad en un registro de propiedad.
Por eso la geopolítica de los recursos no pregunta solamente “¿quién tiene qué?”. Pregunta quién puede decidir sobre el recurso, quién controla su transformación, quién soporta sus costos ambientales, quién recibe sus rentas y qué instituciones permiten transformar riqueza natural en capacidades duraderas.
Desarrollo del tema
Geografía de los recursos estratégicos: el poder está en la cadena, no solo bajo el suelo
La geografía de un recurso posee varias capas. La primera es física: dónde existen reservas técnicamente aprovechables. La segunda es productiva: dónde se extraen. La tercera es industrial: dónde se refinan y transforman. Después aparecen manufactura, transporte, propiedad intelectual, financiamiento, reciclaje y mercados finales. Cada capa puede localizarse en un país distinto.
Esta diferencia se ha vuelto crucial para la transición energética. El Global Critical Minerals Outlook 2026 de la Agencia Internacional de Energía señala que la concentración del refinado siguió aumentando durante 2025 y que los proveedores dominantes explicaron más de tres cuartas partes del crecimiento reciente de la oferta refinada. La concentración importa porque un mercado puede tener suficiente mineral agregado y seguir siendo vulnerable si gran parte del procesamiento depende de unos cuantos territorios.
Para América Latina esto produce una decisión estratégica. La región posee una importante base minera, pero aumentar únicamente la extracción puede reforzar una posición de proveedor primario. Procesar minerales localmente puede capturar más valor, aunque exige energía, agua, infraestructura, capital, tecnología, capacidades laborales y aceptación de las comunidades. El dilema no es “exportar o industrializar” en abstracto, sino determinar qué segmentos de una cadena pueden desarrollarse de manera competitiva, ambientalmente viable y políticamente legítima.
Litio y transición energética: de la reserva mineral a la capacidad tecnológica
El litio ejemplifica perfectamente el desplazamiento geopolítico producido por la transición energética. Se utiliza principalmente en baterías recargables para dispositivos, almacenamiento eléctrico y vehículos. La Agencia Internacional de Energía proyecta que, bajo las políticas actualmente establecidas, su demanda global será más de tres veces mayor en 2040 que en la actualidad.
América Latina ocupa una posición relevante. Argentina y Chile son productores importantes y Bolivia posee enormes recursos identificados. La expresión “triángulo del litio” resume esta concentración geológica en salares andinos, pero puede inducir a pensar que los tres países poseen condiciones productivas equivalentes. No es así: geología, tecnologías de extracción, calidad del recurso, infraestructura, regulación y disponibilidad de agua producen trayectorias diferentes.
México ha tomado una ruta institucional propia. Las reformas iniciadas en 2022 reservaron la exploración y aprovechamiento del litio al Estado y crearon Litio para México —LitioMx—. La reforma constitucional de 2024 consolidó al litio como área estratégica en la que no se otorgan concesiones, y el Programa Institucional de Litio para México 2026–2030 plantea desarrollar capacidades para esta área. La pregunta política ya no es únicamente quién es propietario jurídico del mineral, sino cómo convertir esa propiedad en tecnología, conocimiento y una cadena productiva viable.
Clasificador táctil · seleccione un recurso de poder y después identifique la capa donde produce su ventaja principal.
El caso del litio demuestra también que transición energética no significa automáticamente transición justa. La extracción puede competir por territorio y agua, producir residuos y generar tensiones con pueblos indígenas o comunidades locales. El desafío estratégico consiste en evitar que la demanda mundial de tecnologías bajas en carbono reproduzca relaciones extractivas en las que los beneficios se concentran lejos de los territorios que soportan los costos.
Agua y conflictos interestatales: compartir una cuenca obliga a gobernar la interdependencia
El agua introduce una diferencia fundamental frente a muchos minerales: se mueve. Los ríos atraviesan fronteras, los acuíferos pueden extenderse bajo varios países y las decisiones de una jurisdicción alteran disponibilidad y calidad en otras. UN-Water estima que las aguas transfronterizas representan alrededor de 60% de los flujos mundiales de agua dulce y que 153 Estados miembros de Naciones Unidas comparten ríos, lagos o acuíferos.
La escasez puede aumentar tensiones, pero conflicto no significa necesariamente guerra. La gestión conjunta puede generar instituciones estables precisamente porque los países no pueden trasladar una cuenca. El informe mundial de 2024 sobre cooperación transfronteriza encontró que únicamente 43 de esos 153 países tenían arreglos operativos que cubrían al menos 90% de sus aguas compartidas. Cooperar requiere algo más que firmar un tratado: hacen falta reuniones, intercambio de información, organismos conjuntos y objetivos coordinados.
México permite observar esta gobernanza en tiempo real. El Tratado de Aguas de 1944 organiza obligaciones relacionadas con los ríos Colorado, Tijuana y Bravo/Río Grande. En la cuenca del Colorado, varios acuerdos operativos que regulan sequías y embalses expiran al terminar 2026. Al 22 de agosto de 2026, el Buró de Reclamación estadounidense había publicado ya la evaluación ambiental final de las reglas posteriores a 2026 y esperaba emitir la decisión operativa antes del 1 de octubre.
Este caso revela por qué el problema no puede reducirse a “México contra Estados Unidos”. Dentro de cada país existen ciudades, agricultores, ecosistemas, pueblos indígenas y gobiernos subnacionales con intereses diferentes. Una frontera internacional se superpone sobre conflictos distributivos internos. La geopolítica hídrica comienza entre Estados, pero rápidamente llega a la pregunta de quién recibe menos agua cuando la cuenca ya no alcanza para satisfacer todas las expectativas históricas.
Acaparamiento de tierras: controlar territorio significa controlar más que superficie
Las adquisiciones de tierras a gran escala aumentaron su visibilidad internacional después de las crisis alimentaria y financiera de 2007–2008. Gobiernos, fondos y empresas buscaron tierras para agricultura, biocombustibles, madera y otros usos, especialmente en países de ingreso bajo y medio. El debate introdujo la expresión land grabbing o acaparamiento de tierras para describir operaciones en las que la magnitud y la asimetría de poder transforman profundamente quién controla territorio y recursos.
Land Matrix registra adquisiciones mediante compra, arrendamiento o concesión y, para su observatorio global, utiliza normalmente un umbral de al menos 200 hectáreas junto con otros criterios. Pero el número de hectáreas no determina por sí mismo si una operación es abusiva. Importan derechos previos, consentimiento, compensación, transparencia, efectos ambientales y posibilidades reales de que las comunidades participen en la decisión.
La historia detrás: Land Matrix nació en 2009 precisamente porque muchas adquisiciones realizadas durante la llamada “fiebre global por la tierra” resultaban difíciles de rastrear. El problema básico era político: enormes transferencias de control territorial podían negociarse sin información accesible para quienes resultarían afectados. Su base internacional comenzó a operar públicamente en 2012 para aumentar transparencia sobre estos acuerdos.
La transición verde ha añadido una nueva capa. Parques solares, eólicos, minería para minerales críticos, conservación y proyectos de compensación de carbono también necesitan territorio. En 2025, Land Matrix documentó alrededor de nueve millones de hectáreas involucradas en adquisiciones concluidas relacionadas con compensaciones de carbono. La paradoja es evidente: una política diseñada para mitigar cambio climático puede generar nuevas disputas por tierra si derechos locales y distribución de beneficios quedan subordinados al valor internacional del carbono.
Si una comunidad no posee un título individual formal sobre un bosque, pero lo ha utilizado durante generaciones para agua, alimentación y prácticas culturales, ¿qué debería contar políticamente como “propiedad” cuando llega una inversión?
La “maldición de los recursos”: riqueza natural sin instituciones no garantiza desarrollo
La expresión resource curse describe la paradoja según la cual algunos países excepcionalmente ricos en petróleo, gas o minerales han obtenido resultados económicos o políticos peores de lo esperado. Richard Auty popularizó el término en 1993 y Jeffrey Sachs, Andrew Warner, Terry Lynn Karl, Michael Ross y otros investigadores estudiaron diferentes mecanismos económicos e institucionales vinculados con él.
Uno de esos mecanismos es la enfermedad holandesa: un auge exportador puede apreciar la moneda y reducir competitividad de otras actividades. Otro es fiscal: cuando el gobierno recibe grandes rentas directamente de recursos naturales puede depender menos de impuestos generales, debilitando ciertos vínculos de rendición de cuentas. También existen volatilidad de precios, corrupción, captura de rentas y conflictos por controlar al Estado.
Pero hablar de “maldición” como destino inevitable sería un error. Noruega convirtió ingresos petroleros en ahorro público y capacidades sociales; Botswana suele aparecer en la literatura como caso de gestión relativamente eficaz de rentas minerales; otros países han obtenido resultados muy diferentes bajo recursos semejantes. La variable decisiva no es simplemente lo que existe bajo el territorio, sino las instituciones que determinan quién controla ingresos y cómo se utilizan.
El problema permanece vigente. UNCTAD reportó en 2025 que 95 de 143 economías en desarrollo podían clasificarse como dependientes de productos básicos porque al menos 60% de sus exportaciones de mercancías provenían de commodities. La dependencia vuelve a una economía vulnerable a precios internacionales que no controla y puede retrasar diversificación si las rentas extraordinarias reducen incentivos para construir sectores más complejos.
Para México y América Latina, esta discusión es especialmente relevante ante la transición energética. Una nueva demanda mundial de cobre, litio y otros minerales puede generar inversión y recaudación, pero repetir una especialización primaria si no produce conocimiento, infraestructura, proveedores, transparencia fiscal y diversificación. El criterio más exigente es preguntar qué capacidades seguirá poseyendo una economía cuando el recurso se agote, sea sustituido o pierda valor.
Conclusión
La geopolítica de los recursos comienza con un mapa físico, pero termina en un mapa de instituciones y poder. Tener petróleo no significa controlar energía; tener litio no significa dominar baterías; compartir un río no conduce inevitablemente a una guerra; adquirir legalmente una tierra no elimina los derechos que otras personas pueden ejercer sobre ella; y poseer abundantes recursos minerales no condena a una economía a la llamada maldición de los recursos.
El análisis avanzado debe seguir la cadena completa. ¿Quién extrae? ¿Quién procesa? ¿Quién financia? ¿Qué tecnología se necesita? ¿Quién negocia? ¿Qué comunidad absorbe los costos? ¿Qué gobierno administra las rentas? ¿Existe una institución capaz de resolver disputas cuando el recurso escasea? Las respuestas revelan una geografía del poder que raramente coincide con la simple ubicación de los yacimientos.
La transición energética hace estas preguntas todavía más urgentes. Reducir dependencia de combustibles fósiles puede generar nuevas dependencias minerales; expandir energías renovables puede aumentar competencia territorial; y asegurar minerales críticos puede entrar en tensión con derechos comunitarios y ecosistemas. Una transición verdaderamente estratégica no consiste únicamente en cambiar de recurso, sino en transformar las instituciones que distribuyen sus beneficios, costos y capacidad de decisión.
🔭 Para seguir aprendiendo
Esta ficha abre más preguntas de las que cierra:
- ¿La transición energética puede reducir la dependencia mundial o simplemente trasladarla del petróleo hacia determinados minerales y tecnologías?
- ¿Qué derechos deberían tener las comunidades locales para aceptar, condicionar o rechazar proyectos considerados estratégicos por un Estado?
- ¿Qué parte de la cadena del litio debería desarrollar México para transformar soberanía jurídica sobre el recurso en capacidad económica y tecnológica?
Actividad de aprendizaje autónoma
Producto esperado: expediente geopolítico de un recurso estratégico. Elija litio, cobre, petróleo, gas, agua, tierra agrícola u otro recurso relevante para México o América Latina y reconstruya la cadena de poder que existe alrededor de él.
- Ubique geográficamente las principales zonas de disponibilidad o producción del recurso.
- Identifique qué actores controlan extracción, procesamiento, transporte, tecnología, financiamiento y mercado final.
- Localice un punto de concentración capaz de producir vulnerabilidad estratégica.
- Analice una comunidad o territorio que soporte costos ambientales o sociales derivados de la explotación.
- Identifique una institución, tratado o regulación que distribuya derechos sobre el recurso.
- Explique si existe riesgo de dependencia, conflicto, acaparamiento o maldición de los recursos.
- Proponga una política capaz de aumentar seguridad o autonomía sin trasladar injustificadamente costos hacia otros grupos.
- Redacte una objeción fuerte contra su propuesta y responda con evidencia.
Evidencia de logro: el expediente estará completo si distingue ubicación del recurso y control de su cadena de valor, identifica actores con intereses contrapuestos, incorpora un efecto territorial verificable, analiza al menos una institución de gobernanza y formula una política que reconozca simultáneamente seguridad estratégica, distribución de beneficios y derechos de las comunidades afectadas.
Reflexión final: después de seguir la cadena completa, ¿el actor que parecía más poderoso al observar únicamente el mapa físico sigue siendo el mismo? Si cambió, ¿qué infraestructura, institución o conocimiento trasladó el poder hacia otro punto de la cadena?
Referencias · APA 7
Auty, R. M. (1993). Sustaining development in mineral economies: The resource curse thesis. Routledge.
Cotula, L. (2013). The great African land grab? Agricultural investments and the global food system. Zed Books.
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Land Matrix Initiative. (2025). Large-scale land acquisitions for carbon offsetting: Green grabbing or just transition?
Litio para México. (2026). Programa Institucional de Litio para México 2026–2030.
Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.
Ross, M. L. (2015). What have we learned about the resource curse? Annual Review of Political Science, 18, 239–259.
Sachs, J. D., & Warner, A. M. (2001). The curse of natural resources. European Economic Review, 45(4–6), 827–838.
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